Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 25 de junio, varias entidades del Estado celebraron contratos y convenios a la carrera.
En el Cesar algunos entes territoriales trabajaron en tiempo récord para sacar la contratación de profesionales y asesores antes del 25 de junio, cuando entró en vigencia la Ley de Garantías, lo que demuestra la falta de planificación en estas entidades.

Aunque anteriormente no se podía hacer contratación directa después de esta fecha, Colombia Compra Eficiente emitió una circular que ordenó que después del 25 de junio los mandatarios y entidades del Estado sí lo podían hacer, pese a ello, trabajaron en tiempo récord para contratar.
Lo que sí quedó prohibido durante esta Ley es la realización de convenios interadministrativos, lo que a la fecha fue respetado en el caso del Cesar.

Sin embargo, llama la atención la rapidez con la que actuaron municipios como Astrea que en dos días hizo 48 convocatorias; Curumaní realizó sus procesos después del 25 (30 de junio y primero de julio) y en dos días sacó 55 invitaciones públicas.
Es así como Astrea en tiempo récord, 24 y 25 de junio, realizó 48 convocatorias públicas para diversas actividades por un valor de 1.112 millones de pesos.

Entre las convocatorias que hizo Astrea se encuentran:

‘Aunar esfuerzos para apoyar la gestión de asistencia social integral a los programas de bienestar social de la población’ por 272 millones de pesos.
De igual modo, la prestación de servicio de manera autónoma e independiente para la operación de bombeo y fontanería de agua potable en el corregimiento de Arjona por un valor de 2.953 millones de pesos.

También convocó servicios como instructor de deportes, de artes plásticas, de instrumentos musicales, entre otros.
En el caso de la Alcaldía de Valledupar, entre el primero y 30 de junio, celebró 95 contratos por un valor de 23.151 millones de pesos.
Entre los contratos más cuantiosos está el convenio interadministrativo para ejecutar la primera fase de modernización e integración de los sistemas de información, servicios y procesos a través del fortalecimiento del sistema tecnológico de la Alcaldía de Valledupar por 2.650 millones de pesos.
También celebró el contrato para ‘Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, para la continuidad y segunda fase del programa de fortalecimiento para la reconversión laboral al programa de transformación productiva por 2.443 millones de pesos.

Contrató por un valor de 450 millones de pesos ‘Trabajos artísticos para la terminación de la escultura (replica) del Santo Ecce Homo ubicado en el cerro de las Antenas.
Otro de los contratos celebrados se refiere a ‘Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y logísticos para ejecutar el proyecto de apoyo a la planeación de una ciudad sostenible mediante la apropiación comunitaria para el buen uso, mantenimiento y disfrute de las obras de interés público en el municipio’.
También hay contratos que tienen que ver con abogados, asesorías en el tránsito municipal, asesoría de profesionales para desarrollar acciones de control y vigilancia a las piscinas, entre otros.

El mandatario de los vallenatos contrató el 30 de junio el servicio de un abogado para brindar acompañamiento jurídico al área de recaudo municipal por 9.600 mil pesos, y los servicios profesionales en la Secretaría de Tránsito en la búsqueda de verificación de la información alojada en el aplicativo informático utilizado para el desarrollo de trámites asociados a la gestión de los procesos por un valor de 16 millones 800 mil pesos.
Curumaní en cambio realizó su contratación en dos días, entre el 30 de junio y el primero de julio hizo 55 convocatorias por 872 millones 948 mil pesos.

Aguachica por su parte contrató 831 millones 26 mil pesos en 26 contratos para diversas actividades, entre éstas asesores jurídicos para defender al Municipio, capacitaciones a deportistas, servicios profesionales de apoyo al programa Familias en Acción.
Entre tanto, el municipio de La Jagua de Ibirico tomó el mes de junio para liquidar contratos, convenios, entre otros.

La Gobernación del Cesar por su parte celebró 15 contratos por 4.304 millones de pesos con los municipios de Astrea, Aguachica, Codazzi, Curumaní, Gamarra, San Martín, Pailitas, entre otros.
De igual modo, el Departamento le entregó a la empresa Aguas del Cesar un total de 3.028 millones de pesos destinados al ‘Fortalecimiento para la remuneración del gestor como base de la gestión, implementación y seguimiento del PAP-PDA’.

El hecho de que muchos mandatarios salgan a última hora a hacer la contratación es muestra de falta de planeación según explicó el abogado José David Ariza, quien manifestó que en todos los municipios del país y en general todas las entidades del Estado salen a última hora a comprar lo que necesitan y hasta lo que no necesitan, “incluso en el momento que está ad portas de entrar la Ley de Garantías trabajan hasta media noche para sacar la contratación, eso es porque no planifican bien lo que necesita contratar la entidad y empiezan a correr a última hora”.

En cuanto a la cantidad de contratación directa que hacen a última hora los mandatarios, el abogado explicó que si bien es cierto una administración no puede paralizarse por la Ley de Garantías, también es cierto que muchos mandatarios toman los recursos públicos para apoyar a ciertos candidatos a través de burocracia.
Recalcó Ariza que en plena Ley de Garantías los mandatarios y funcionarios del Estado pueden hacer contratación directa, a excepción de los convenios interadministrativos.

Prohibiciones de la ley

Mediante la circular número 18, Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de compras y contratación pública le recordó a los alcaldes y gobernadores la prohibición de celebrar contratos o convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos cuatro meses antes de las elecciones, de acuerdo con la Ley de Garantías 996 de 2005.

Es así como esta prohibición rige para contratos o convenios interadministrativos y no afecta los procesos de contratación, incluyendo la contratación directa.
En lo que tiene que ver con prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los convenios interadministrativos firmados antes del 25 de junio están permitidos siempre y cuando cumplan con los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.

Ley de Garantías

La Ley de Garantías es un mecanismo de protección en tiempo de elecciones que busca evitar la participación en política de funcionarios públicos y a su vez que los recursos del Estado vayan a favorecer campañas.

¿Qué prohíbe?

Entre las prohibiciones están:

*Presionar a empleados o contratistas para que apoyen una campaña política.

*Difundir propaganda electoral a favor de un candidato, partido o movimiento político.

*Amenazar a usuarios con que podrían perder subsidios o cualquier beneficio de la administración pública si no apoyan una campaña política.

*Asistir a reuniones de carácter político.

* Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social por parte de los mandatarios.

*Prohíbe la participación de los funcionarios públicos en eventos de carácter político.

* Se prohíbe la utilización de bienes de carácter público, como carros, para actividades proselitistas.

*El uso de recursos públicos para favorecer alguna campaña política.

*Celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos por parte de alcaldes y gobernadores.

Redacción Política