Va estar bien movida la agenda pública en este segundo semestre del año. Los acontecimientos de esta semana marcan un nuevo rumbo en la política, la economía y la paz del país.

Debo confesarles que hago parte de ese 76% de colombianos que consideran que la guerrilla de las Farc no tiene intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, debo reconocer que después de haber visto la entrevista del presidente Juan Manuel Santos con la directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, esta vez percibo una luz de esperanza en este proceso de paz. Si las condiciones expuestas por el presidente Santos en dicha entrevista (dejación de las armas, concentración de los subversivos, sometimiento a la justicia y reparación a las victimas) se cumplen por parte de las Farc, el próximo 20 de noviembre estaremos poniendo fin a esta guerra absurda entre colombianos. Dios quiera que así sea.

En los próximos 120 días, el gobierno del presidente Santos también tendrá el reto de transformar la institucionalidad del sector agropecuario para adecuarla a las nuevas exigencias de la globalización de la economía y de un posible acuerdo de paz. Para ello, solo se necesita tener sentido común de las cosas y determinación. Le voy a dar un consejo señor Presidente. Mande pa’ el carajo toda esa mano de estudios y bibliotecarios del agro que viven año tras año, chupándose –desde unas lujosas oficinas al norte de Bogotá- los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Han pasado 20 años y lo único que han logrado es más pobreza, estancamiento e ineficiencia en el sector. ¡Ya está bueno!

Los problemas del sector agropecuario en Colombia se resuelven simple y llanamente con políticas o programas concretos que reduzcan los altos costos de producción (transporte, energía, impuestos, insumos), que incentiven la productividad (transferencia de conocimientos y tecnología, riego, semillas, manejo sanitario de alimentos) y disminuyan el riesgo de los negocios del agro (seguros de riesgos climático, coberturas de precios, reconversión de cultivos, uso de suelos, crédito oportuno y fechas de siembras). ¿Qué le interesa a un productor del país para competir con uno de los Estados Unidos, Brasil o Ecuador? Reducir costos y aumentar rendimientos por unidad de tierra y animal. ¡No es más!

Claramente, el tijerazo que le acaban de dar al presupuesto del sector agropecuario del año entrante (1.8 billones de pesos menos) no es coherente con la política y los planes que está proponiendo el Gobierno para sacar al sector de esta crisis de rentabilidad. Con más razón habrá que reducir –por lo menos en una tercera parte- la burocracia que le cuesta al bolsillo de los colombianos más de 500.000 millones de pesos al año. Afortunadamente, existe frente a la cartera del agro, un ministro que ha sabido sortear todas estas medidas de ajuste fiscal, evitando más traumatismos al sector.

La tercera y la más difícil tarea que tiene el gobierno del presidente Santos en este segundo semestre, es impulsar un referendo constitucional para eliminar el corrupto sistema electoral del país y el manejo de los recursos públicos por parte del legislativo. Es una vergüenza nacional lo que está sucediendo con los avales de los partidos políticos, la contratación pública y los nombramientos en las entidades del Estado.
Que Dios lo ilumine, señor Presidente.