QUITO.  AP y EL PILÓN.

La Corte de Justicia de una provincia fronteriza ratificó el lunes anterior la orden de prisión para el ex ministro de Defensa y actual candidato a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos, luego que su defensor de oficio no se presentara a sustentar el pedido de revocar dicha orden.
En declaraciones a un medio del vecino país, el fiscal de la provincia de Sucumbíos, Carlos Jiménez, expresó que “no compareció el abogado de la defensa -Wálter Lombeida- y la Corte consideró que no argumentó tal decisión con documentos, argumentó una situación de calamidad doméstica que no justificó”.
Lombeida había pedido la revocatoria de la orden de prisión de Santos, quien en la actualidad aspira a la presidencia de Colombia.
Añadió que “ante esta situación seguirá el proceso”, y dijo que insistirá ante la Corte Nacional de Justicia para que tramite la extradición de Santos a través de la cancillería ecuatoriana. No dio otros detalles. La orden para encarcelar a Santos está vigente desde junio del 2009.
Santos, el comandante de las fuerzas militares Freddy Padilla y otros dos generales colombianos fueron encausados en esa jurisdicción, en el oriente de Ecuador, tras una incursión de militares colombianos a suelo fronterizo ecuatoriano el 1 de marzo del 2008 en la que murieron 25 personas, entre ellas el jefe guerrillero Raúl Reyes.
En Bogotá, luego de ser informado sobre la determinación de la Corte ecuatoriana, Santos dijo que “esta es una situación que no afecta a Juan Manuel Santos, ni al general (Freddy) Padilla, ni al general (Oscar) Naranjo, sino al Estado colombiano”.
Santos aseguró que siempre se ha dicho que es el “Estado colombiano el que debe asumir esa situación y que debe responder, porque no es un caso personal, sino un caso de Estado. Ese precedente es inaceptable desde todo punto de vista y ya es hora de discutirlo inclusive en organismos internacionales”.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el lunes por la noche dijo que no reconocía la “jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos, tal como quedó plasmado en el Comunicado Conjunto emitido el 24 de septiembre de 2009 en Nueva York”.
Reiteró que Colombia defenderá a todos los funcionarios y ex funcionarios “frente a circunstancias de esta naturaleza”.
Agregó el comunicado que la decisión de la Corte de Sucumbíos “no contribuye al proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que se viene adelantando entre los dos países”.
Quito consideró que Colombia violó la soberanía ecuatoriana y en consecuencia rompió relaciones diplomáticas con Bogotá, las cuales se restablecieron a nivel de encargados de negocios a finales del año pasado.