BOGOTA. AP. y EL PILÓN — El Consejo Superior de la Judicatura denunció ayer que en los últimos dos años fueron asesinados tres jueces y otros 600 recibieron amenazas durante el último cuatrienio.

“En los últimos dos años han sido asesinados tres jueces y un funcionario judicial y hubo un atentado contra una jueza de Cali… Pero lo más grave para nosotros es que ha habido amenazas permanentes durante los últimos cuatro años que suben a 600”, dijo en entrevista telefónica el magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En la víspera fue asesinado Diego Fernando Escobar, juez octavo penal del circuito de Medellín, ciudad a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, y ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Según Torres, contra los jueces pesan “amenazas a sus familia, amenazas a sus bienes, amenazas personales, amenazas por llevar procesos de diferente tipo, amenazas para que ellos den recursos a grupos ilegales”.

Dentro de los amenazados, están todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes desde hace casi cuatro años se dieron a la tarea de develar los nexos entre la clase política del país y las bandas paramilitares, indicó el jurista.

La Fiscalía tiene abierta una investigación por los aparentes seguimientos ilegales de los que han sido víctimas algunos magistrados de la Corte Suprema por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía secreta.

“Nosotros tenemos códigos, no tenemos armas ni tenemos municiones”, observó el magistrado Torres.

En tanto, Germán Enciso, director nacional de Fiscalías, explicó que esa entidad espera que el sicario que acabó con la vida del juez Escobar –capturado pocos minutos después de perpetrar el crimen– acepte los cargos y confiese por qué lo asesino y sobre todo quién le pidió ejecutar ese crimen.

Enciso no descartó que el asesinato hubiera obedecido a las investigaciones que llevaba Escobar, pero dijo no tener mayores detalles sobre este particular.

En la mañana de ayer, los funcionarios judiciales de Medellín pararon sus labores para protestar por el asesinato de Escobar y en la entrada del principal edificio de la justicia en esa ciudad, instalaron una pancarta en la que se leía: “Que cese el fuego”.

Situación en el Cesar

De acuerdo a lo conocido por EL PILON, la situación de los jueces en el departamento, es relativamente tranquila. Hasta ahora no se ha conocido un caso de amenaza contra uno de ellos.
Según  Néstor Segundo Primera Ramírez, Juez Penal del Circuito Especializado de Valledupar, se escuchó el caso de un Juez en el municipio de Pailitas, pero las investigaciones revelaron que se trataba de delincuencia común.
Sin embargo, Primera Ramírez, sostiene que pese a que no se ha presentado un caso de amenaza, la actividad que desarrollan no deja de ser riesgosa, teniendo en cuenta que los procesos que manejan son relacionados con el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico entre otros, factores que más han generado violencia en el país.
“La situación más difícil es para los jueces penales del circuito especializado”, afirmó Primera Ramírez, quien agregó que de manera preventiva, deberían tener protección.