A través de un comunicado de la Contraloría General de la República se conoció que varios funcionarios del Gobierno Nacional y la empresa C.I Prodeco estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo mediante el otrosí No. 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

La empresa minera respondió a través de un comunicado que rechaza la decisión, exponiendo que en el 2010, un otrosí al contrato de concesión minería fue firmado entre Prodeco e Ingeominas después de 20 meses de discusiones detalladas. El acuerdo permitió a Prodeco expandir la mina Calenturitas través de una inversión adicional de aproximadamente mil millones de dólares.

Además menciona que las regalías adicionales y otros beneficios a la Nación colombiana y al departamento del Cesar que surgieron del otrosí, se estiman en más de $1.200 millones de dólares durante la vida del proyecto y agregaron que este acuerdo ya ha dado lugar a la expansión de la mina de 8 a 13 millones de toneladas por año y genera alrededor de 2.000 puestos de trabajo adicionales.

La empresa Prodeco enfatiza que la decisión de la Contraloría Delegada está sujeta a revisión y aclara que ellos están participando con las autoridades apropiadas para que el asunto se resuelva satisfactoriamente.

La decisión de sancionar fue tomada por el Contralor Intersectorial noveno de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y está sujeta a recurso de reposición y apelación ante el despacho del contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

La acción fiscal busca resarcir a las regiones afectadas que no recibieron las regalías y prestaciones económicas que debieron causarse de acuerdo con el contrato 044/89.