Después de ser estudiada en varias ocasiones la reforma a la justicia, se le dio aprobación en el quito debate. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo expresó “fue un debate  juicioso, se hizo un estudio muy profundo, en manos del Congreso está una decisión que demuestra al país que no hay acudir a mecanismos extraordinarios para hacer reformas a la Constitución, hay  unos puntos en los que está de acuerdo el Gobierno y otros  no, pero de eso se trata”.

El Ministro también invitó al Centro Democrático a “aportar su granito de arena” a la reforma, porque según él, lo que está en juego es la institucionalidad del país.
Dentro de lo aprobado se destacan seis cambios en el sistema político y diez en la justicia, como la eliminación de la reelección del Presidente de la República, Defensor del Pueblo, Procurador, Registrador, Fiscal y magistrados, que según el ministro Cristo “es el eje fundamental de la reforma para equilibrar realmente los poderes”.

Asignación de curules en Senado, Cámara, asambleas y concejos para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías, respectivamente.
También se amplía la aplicación de la sanción de la ‘silla vacía’ para los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra la administración pública, por delitos por pertenencia, promoción o financiación de grupos armados y delitos  de lesa humanidad.

En esta reforma, además se garantiza curules en el Senado para San Andrés y Providencia y los departamentos que antes eran los antiguos territorios nacionales que nunca han tenido vocería en la cámara alta, es decir, una para Putumayo, Caquetá y Amazonas; otra para Vaupés, Guainía, Guaviare y Vichada; y una tercera para Arauca y Casanare.

En los cambios está la eliminación del voto preferente y se fortalecen los partidos con listas cerradas “sin volver al bolígrafo” porque se condiciona su aplicación a una ley estatutaria que garantice los mecanismos democráticos para la integración de esas listas. “Ha sido muy dañino para la democracia el voto preferente. Sí a la lista cerrada, no al bolígrafo”, dijo el Ministro Cristo.

Cambios en la justicia
En estas modificaciones se prohíbe expresamente el “yo me elijo y tú me elijes” entre magistrados de altas cortes y también con los órganos de control, es decir que los servidores públicos no podrán  contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo.

Como segunda medida, se obliga a que toda elección en corporaciones públicas deba tener previamente una convocatoria pública para asegurar control social y transparencia en la elección a través de la meritocracia.
La eliminación de la Comisión de Acusaciones se hace presente y se crea una Comisión de Aforados compuesta por cinco magistrados, solo para nuevos casos, se separa claramente la responsabilidad política de responsabilidad penal y se simplifican trámites.

Los trámites que adelante  la Comisión de Acusaciones pasarán de manera inmediata a la de Aforados, además de investigar a los magistrados de la Corte Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Fiscal General, pero por solicitud de legislativo también acogerá al Procurador, al Defensor y al Contralor, el control  de garantías de aforados será ejercida por el Tribunal  Superior de Bogotá.

Así mismo, se aumentan los requisitos, calidades y condiciones para la elección de magistrados de las Cortes, además se inhabilita a los magistrados que salen de una Corte para litigar ante la misma corporación por un término de cinco años.
El Consejo Superior de la Judicatura también se elimina y se crea un nuevo sistema de gobierno y administración de la rama  con expertos en administración pública y no salas de magistrados y se crea la Dirección de la Magistratura.

Dentro de los cambios en la justicia, se elimina la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se crea Tribunal la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con  siete magistrados elegidos por Congreso pleno, esta comisión examinará la conducta y sancionará las faltas de funcionarios de la rama judicial y de abogados en ejercicio de su profesión, igualmente dirimirá los conflictos de competencias que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y el Contralor General no será postulado por las cortes ni los territoriales por los tribunales.

Redacción/ EL PILÓN