Los servicios públicos cumplen una importante función social, atienden necesidades básicas, vitales: agua, electricidad, aseo, educación, salud, transporte, recreación. Son imprescindibles para garantizar un desenvolvimiento normal de la vida en comunidad, no pueden ser manejados como mercancías y deben operar sobre una base no lucrativa, de máxima eficiencia. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha desvirtuado la esencia y el carácter de estos servicios; muchos se han privatizado en detrimento de la calidad y en perjuicio de los usuarios.

Todo indica que las privatizaciones se extenderán a escala planetaria; el afán desbordado de lucro y saqueo del sistema imperante parece no tener límites. Se avecinan nuevos acuerdos comerciales que permitirán que empresas transnacionales puedan administrar y prestar servicios nacionales que aún son públicos; se promoverán las adquisiciones, fusiones y desregulaciones de empresas del campo de servicios para garantizar el control y las ganancias de conglomerados económicos supranacionales; se prohibirá la reconversión de empresas privatizadas en empresas públicas. Los servicios a “liberalizar” son todos, van desde agua, energía, electricidad hasta servicios funerarios, pasando por transportes, telecomunicaciones, correos, educación a distancia, construcción, publicidad, bancos, seguros,etc.

La idea proviene de grupos de presión de las transnacionales de servicios, de la Coalición de Industrias de Servicios norteamericana, del Foro de Servicios Europeos y de unos 20 miembros de la OMC que han dado en llamarse Auténticos Buenos Amigos de los Servicios(ABAS); suenan inofensivos pero son una amenaza; buscan ampliar sus negocios en un ambiente de condiciones definidas por el mercado y no por los gobiernos; es evidente el intento deliberado de favorecer y privilegiar a empresas y países poderosos con grave afectación de derechos civiles, sociales, ambientales,etc. en países de la periferia económica.

Este proyecto comenzó en 2012 mediante negociaciones muy reservadas. Se trata del Acuerdo de Comercio de Servicios TISA(Trade In Services Agreement). Colombia se apresta a negociar su participación en esto, al margen de la opinión pública y sin transparencia alguna. La intención es evitar que las fuerzas políticas y sociales cuestionen y se involucren en el debate. Es inaceptable que un gobierno acuerde, en secreto, reglas que transfieren poder y riquezas del país a manos ajenas y limitan la capacidad del estado para atender servicios ciudadanos.

El TISA garantizará un trato privilegiado a favor de los proveedores de servicios extranjeros, prohibirá los monopolios públicos, restringirá la legislación laboral, las normas ambientales,etc.
El acceso a la información es un derecho básico. Los colombianos tenemos derecho a saber qué se negocia en el TISA.