”Si usted calla la verdad y la sepulta bajo tierra, ella no hará más que crecer”: Emile Zola. Con esta cita comienza el informe ‘El lado oscuro del carbón’, elaborado por Pax -Países Bajos-, en septiembre de 2014, que analiza el impacto general de la minería sobre los derechos humanos y particularmente la violencia paramilitar en la zona minera del Cesar. Es un relato detallado y muy bien sustentado sobre violaciones de derechos fundamentales, asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Se mencionan además otras afectaciones relacionadas con el impacto ambiental, sobre la salud, el mal uso de las regalías y de los ingresos fiscales y otros efectos socioculturales derivados de la actividad minera.

Las luchas sociales asociadas a la explotación carbonífera en el Cesar y La Guajira aumentan cada año. Protestan los trabajadores asalariados, los independientes, las comunidades rurales y los pobladores urbanos, pero los problemas no cesan, más bien se acentúan.

El turno es ahora para las 18 familias que habitan el corregimiento de Loma Colorada –Cesar- que han sido advertidas del reasentamiento involuntario, quiere decir, que deben abandonar su territorio y darle paso a una línea férrea para transportar el carbón. Es inconcebible que los intereses económicos de una empresa transnacional prevalezcan sobre los derechos de ciudadanos colombianos; es inaceptable que sea más importante cumplir con cuotas de exportación de carbón para proveer de energía a ciudadanos europeos, que respetar el derecho elemental de los dueños de una riqueza mineral de la cual sólo derivan perjuicios. ¿Alguien puede esgrimir un argumento para sostener tan aberrante injusticia? Y ¿qué hace la Defensoría del Pueblo ante estos casos?

En La Guajira, la comunidad wayuú tuvo que hacerse acompañar del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en busca de medidas cautelares para recuperar el río Ranchería represado en El Cercado, a causa de lo cual buena parte del lecho fluvial permanece seco y el caudal que fluye de la represa es para beneficio exclusivo de grandes agricultores y de la minería del carbón.

Sin escrúpulo alguno se le niega a los wayuú el derecho elemental para beneficiarse de las escasas fuentes de agua de su región. Han tenido que acudir a una instancia internacional en demanda de justicia porque el Estado colombiano no existe para ellos, o ellos no existen para el Estado colombiano. La falta de agua está matando de hambre a la comunidad indígena más grande del país, abunda la tuberculosis endémica entre las mujeres, hay casi 40 mil niños en estado de desnutrición y 14 mil han muerto por inanición. Indigna y duele este drama. Faltan adjetivos para calificar tanta indolencia. ¿Hasta cuándo?