La comunidad del corregimiento Loma Colorada envió un documento a la Defensoría del Pueblo de la regional Cesar, en el que solicitan atención y solución a una problemática que, según ellos, se viene presentando con la empresa Fenoco.

En el 2011 unas personas realizaron un censo en el lugar y varios meses después llegó otro grupo convocando a la comunidad para hablar sobre el proyecto de construcción de la línea férrea, haciendo saber la necesidad de usar el espacio en el que en este momento es ocupado por varias familias, y por donde debe pasar la línea férrea.

El documento reza que “ante la situación, dijimos que cómo nos íbamos a ir del pueblo donde nuestros hijos, nosotros y nuestros padres habían vivido toda la vida, donde tenemos lo poco o lo mucho que hemos conseguido; algunos trabajan en una de las tres mayores empresas de la zona; como también otros aceptaron lo que Fenoco y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, llamó reasentamiento. Ofrecieron dar una casa en el municipio de eligieran quienes decidieran irse y construirnos una casa de siete metros de frente por 10 metros de fondo, de dos habitaciones a quienes nos quedáramos. Una casa que en nada se parece al lote de 17 metros de frente por 54 de fondo donde la familia Mendoza López ha vivido por 22 años, por ejemplo; una casa en la que se han negado a hacerle alberca porque será destruida con el proyecto y en la que almacenan agua, ya que nuestro pueblo el agua es escasa y no llega de manera permanente”.

Según Henry Mejía Vargas, habitante de Loma Colorada, “hay muchas familias que viven a la orilla de línea hace más de 40 años, yo por lo menos tengo 27 años de haber comprado ese pedazo de tierra y nunca se escuchó que eso era del Estado. Una vez se cumplió el contrato de la empresa prestadora del servicio de la línea y entró Fenoco, se empezó a escuchar que nosotros éramos unos invasores y en ese entonces había gente que llevaba 40 años viviendo ahí”.
Estas personas aseguran que las casas tienden a agrietarse y que en el proyecto de vivienda no se ha mencionado ningún aspecto técnico para prevenir o evitar esa consecuencia en un futuro cercano y les preocupa que nadie responda si no se trata el tema desde ahora.

De igual manera, expresan que en el censo que se realizó hay casas que no aparecen como la de Janner Palma porque el día que se hizo, él no se encontraba y hay otras cosas que se hicieron después del estudio y que fueron incluidas pero a este habitante que tiene varios años ahí con su familia, no le resuelven.

Entre los afectados por esta situación están 18 familias conformadas por 110 personas, de las cuales 49 son niños, hay 24 desplazados que con este desalojo se sienten revictimizados y tres de las familias son arrendatarias, según expresó Mejía Vargas, “a todas nos exigen desalojar antes de terminar el mes”.

Por Redacción EL PILÓN