“Si es legítimo usar los derechos que la ley concede, no lo es abusar de ellos”.

La actual sociedad se está desarrollando en un contexto violento, enmarcado por el abuso como patrón que utiliza el poder para mantener el control sobre los individuos, en todas las acciones inherentes a la dinámica evolutiva del comportamiento social. Y es el abuso del poder por parte de quienes ejercen autoridad, la fuente principal de la corrupción y la perversidad moral, y que comiencen a coexistir como elementos incrustados en la institucionalidad y su gobernabilidad.

La autoridad es justamente el poder delegado a una persona o institución, por un acuerdo social correspondiente de un ordenamiento que crea convenciones, reglamentos o leyes. El abuso de autoridad está en el uso ilegitimo por parte de ciertos servidores públicos en ejercicio del cargo, que causa daño o lo aprovecha solamente a su favor.

Ahora, la Ley es la base que da razón a una persona para que al desarrollar sus actividades lo haga con la certeza de no perjudicar a terceros, si se da y actúa fuera de la ley, merece castigo y reparación por parte del victimario, pero va mas allá de la interpretación dada al enfrentar dos máximas del derecho romano que estiman a “quien usa de su derecho, no lesiona a nadie” vs “no hay que ser indulgentes con la maldad”, origen de la teoría del abuso del derecho, aun hoy en día tema de continuo ejercicio interpretativo por juristas, pero escenario real en el comportamiento del Estado y asociados.

Ciertamente, la Ley concede el ejercicio de innegables derechos a los gobernantes elegidos y a los funcionarios nombrados para mantener ese ordenamiento jurídico, social y político del Estado, pero ese ejercicio de gobernabilidad ha traspasado los límites de la buena fe, favoreciendo la maldad que perturba el justo y normal desempeño social y avoca por implementar un esquema de comportamiento alejado de las buenas costumbres y la felicidad total, como principio fundante de la asociación humana.

Colombia bajo el imperio del abuso, subyugada a ilegitima o extralimitada ejecución de facultades, asume continuamente el riesgo de perder el espíritu de seguridad jurídica y el respeto a los derechos, culpa de aquel Fiscal, Juez o servidor público que ha caído en la tentación demagógica y perversa de no separar su actividad de la corrupción política para ganar clientela, apartando el cumplimiento constitucional que propende por la justicia, la igualdad y la paz.

Por Alfonso Suárez Arias