Luego que el Presidente Juan Manuel Santos Calderón señalara que no descarta la posibilidad que los desmovilizados de las Farc hicieran parte de la Policía Rural y que se puede negociar con la contraparte algo respecto a esto, la Procuraduría por medio de su cuenta de Twitter comunicó que “El propio Gobierno acepta que se negocia con Farc, estructura de Fuerza Pública, al admitir posibilidad de ‘gendarmería’ con desmovilizados”.

Después de eso, Santos Calderón aseguró que sus declaraciones habían sido mal interpretadas y afirmó que el Gobierno no está negociando con la guerrilla en la mesa de diálogos, el futuro de la Policía o de las Fuerzas Militares y señaló que no habrá posibilidad alguna de que esa institución quede en manos de la guerrilla.

Esto porque además de las declaraciones de Ordóñez, éste comunicó por medio de la cuenta de Twitter de la Procuraduría que “gendarmería rural”, inspirada en el modelo francés, con miembros de las Farc, “ratifica que sí se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana (Cuba)”, a lo que el Presidente de la República aseguró que “han llegado a decir, inclusive, que la Policía va a ser conducida por un comandante guerrillero. A quién diablos se le puede ocurrir que estamos negociado semejante despropósito, pero lo dicen y lo dicen sin ninguna vergüenza”.

En sus trinos, la Procuraduría indicó que los acuerdos parciales se refieren a “modelo de seguridad” para zonas de conflicto y que se incorporaría este modelo de policía, por lo que pidió que se aclare esta posibilidad.

En respuesta, el Presidente Santos dijo que el comunicado de la Procuraduría es “malintencionado y perverso”.

Quien también escribió por la red social fue Iván Márquez: “¿De qué policía rural están hablando? Para qué “votar corriente” sobre un asunto que jamás se ha planteado en la mesa”.

A nivel regional también se habló del tema, los líderes de víctimas del Cesar aseguraron no estar de acuerdo con la posibilidad de que personas que han estado en las filas de la guerrilla de las Farc pasen al sector rural como policías.

José Luis Peralta, líder de la mesa departamental de víctimas aseguró que “el Sector rural ha estado muy solo y desprotegido, sin el apoyo de la institución por la distancia que hay, por la geografía de las regiones, y eso ha hecho que el sector rural sea marginado, pero aún con eso nosotros no consideramos prudente que un actor armado esté aquí presente. A mí no me parece, así se haga un trabajo resocialización con ellos y que se pueda comprobar que ya cambiaron el chip de guerra, siendo muy claro no me parece buena idea”.

De igual manera, Patricia Araque dijo que no está de acuerdo como líder de Derechos Humanos de la población indígena Kankuama, argumentando que “no queremos intromisión porque las partes militares como Policía y Ejército es más el daño que nos hacen que los beneficios. No nos parece que eso pase, que los reinsertados hagan parte de una Policía Rural y que vengan a meterse en nuestros territorios como tal todos tenemos oportunidades y pueden prestar un servicio como reinsertado y ellos tienen sus derechos, pero no compartimos la conformación de grupo policivo con personas que fueron integrantes de grupos al margen de la Ley y que nos han hecho tanto daño”.

La misma percepción tiene Blanca Higuita, de la Mesa Municipal de víctimas de Codazzi, quien dijo que a pesar de estar en un proceso de paz, reconciliación y confianza, no es posible que se acepte una policía rural donde existan reinsertados. “Como líder a uno le da miedo porque ellos tienen una mentalidad diferente a la de nosotros, no me parecería que hagan eso, deberían de ubicarlos en un puesto donde estén aislados de las armas, capacitarlos en algo, darles estudios para que se desempeñen en algo diferente que no sean las armas, porque uno vivió en una época donde la Policía y el Ejército colaboraba con ellos entonces ¿qué nos puede esperar estando ya legalizados?, considero que es peligroso”, sentenció.

Por su parte, Mara Nieto, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Valledupar aseguró que “es una respuesta que a nivel personal y como sobreviviente, implica un riesgo, pero para alcanzar la paz es necesario unir esfuerzos y juntos y juntas aportar para lograr la tan anhelada paz. Por el bienestar de las nuevas generaciones, para sus hijos y los nuestros es indispensable dar la oportunidad a los que causaron tanto daño, decirles que es su momento de reivindicarse con la sociedad colombiana y con sus familias y obviamente con nosotros las víctimas, para lograr la reconstrucción de una sociedad libre de violencias.

Con todo respeto a las distintas opiniones, es necesario buscar todos los mecanismos y  herramientas que permitan a este proceso llegar la reconciliación. Pero antes de entregarles un arma nuevamente en sus manos es necesario un proceso cuidadoso”.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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