“Yo, igual que algunos jueces, y la mayoría de las personas que aman la vida y la libertad, pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Sin embargo, he sido obligado a soportar esta penosa situación durante 29 años, cuatro meses y algunos días”. Son las palabras de Ramón Sampedro, pronunciadas poco antes de poner fin a su vida, el 19 de enero de 1998, por envenenamiento de cianuro potásico. Su caso conmocionó a la opinión pública e inició el debate sobre la muerte voluntaria en España.

Sampedro, aquejado desde 1968 de una tetraplejia que le impedía mover todo el cuerpo excepto la cabeza, luchó durante tres décadas en los tribunales españoles pidiendo autorización legal para morir y así aliviar sus sufrimientos físicos y psíquicos. Ante la constante negativa de la justicia, finalmente Sampedro ejerció, ayudado por una amiga, lo que consideraba su derecho a morir dignamente.

Desde entonces, en las páginas de los periódicos aparecen de vez en cuando noticias sobre personas que, ante la imposibilidad de poner fin a su vida por sus propios medios, solicitan la regulación de la eutanasia, que consiste en suministrar fármacos “a petición” de un paciente con el fin de acabar con su vida. Esta actuación está tipificada como delito de auxilio al suicidio en el Código Penal español. En el mundo sólo seis países permiten la eutanasia o el suicidio asistido: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Colombia y los estados de Oregon, Vermont, Washington y Montana en Estados Unidos.

La asociación DMD (Derecho a Morir Dignamente) trabaja desde 1984 con el fin de despenalizar la eutanasia y “promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla”. La asociación pone el acento en aquellas personas que “padecen un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable”. Para Luis Montes, presidente de DMD, “no se puede hablar de dignidad en la muerte, ni en la vida, si no se tiene la libertad de decidir”.

A pesar de ello, la mayoría de gobiernos sigue sin abordar el debate. Quienes se oponen a la legalización de la eutanasia suelen aducir razones religiosas, basadas en la sacralización de la vida y en la creencia de que ésta no es propia, sino que pertenece a Dios. La fuerte influencia que la Iglesia Católica ejerce en muchos países se constituye como un lastre que dificulta la aproximación al debate. La llamada “pendiente resbaladiza” es otro de los argumentos empleados, que sostiene que permitir la eutanasia haría que se expandiese. Sin embargo, un reciente estudio científico publicado en Países Bajos lo desmontó al comprobar que las tasas de eutanasia y suicidio asistido en el país son similares a las que existían antes de la legalización.

DMD ha puesto en marcha una campaña con la que pretende visibilizar el problema de miles de personas que desean morir y no pueden hacerlo. Para ello, pone al espectador en la piel de un enfermo terminal, a través de una película de 25 horas de duración. También ha enviado una carta a las autoridades para pedir la regulación de la eutanasia.
Por Marta González Borraz