En la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Valledupar fue interpuesta una denuncia por amenaza de muerte a tres funcionarios, dos de ellos adscritos a la Alcaldía de Valledupar y otro a la Personería.
Según explicó el secretario de Gobierno, Carlos Mario Céspedes, las amenazas llegaron después de que dichas personas hicieran un procedimiento legal, ajustado a la ley, y que tiene que ver con la inspección a los establecimientos públicos desarrollados por la administración municipal desde hace 40 días.
“Cuando se procedió a realizar un cerramiento en lo que tiene que ver, con el estanco ubicado frente a la Fuente Luminosa, se recibió amenazas por parte de una persona; amenazaron a una inspectora, a la funcionaria de la Personería y al abogado contratista que tenemos para el tema”, dijo Céspedes preocupado además porque “este es un operativo que se está adelantando bajo la ley”.
Ya son nueve los lugares como discotecas, tabernas y estancos que han sido cerrados y amonestados por la Alcaldía de Valledupar, algunos incumplen la Ley 9 de 1979 (Ley Sanitaria), así como la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, y otros que infringen la Ley 388 de 1997 sobre espacio público, así como por la protección del medio ambiente.
“La denuncia por amenaza quedó establecida en la URI de Valledupar. El procedimiento se hizo a las 8:30 de la noche del sábado, encontrándose productos de comercialización vencidos, así que la Secretaría de Salud hizo el cierre inmediato del lugar, cuando llegamos a otro sitio e hicimos otra inspección, el sitio que había sido cerrado fue reabierto y los sellos fueron levantados. La persona nos ofendió con palabras, empujaba a uno de los compañeros y finalmente nos amenazó de muerte”, dijo una de las afectadas que pidió reserva en la identidad.
En solicitud directa por el alcalde Fredys Socarrás Reales pidió que se judicialice y se imponga todo el peso de la ley a las personas que profirieron las amenazas contra los funcionarios porque no se puede permitir que en la ciudad impere la ley del desorden. “Rechazamos categóricamente las amenazas de muerte a funcionarios que ya interpusieron las denuncias ante las autoridades, por eso solicitamos a la Fiscalía que judicialice a los responsables. Además, hacemos un llamado de atención a quienes se oponen a los controles de espacio público, que lo único que se busca es que salvaguarde el interés colectivo”, indicó Socarrás Reales.
Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Juan Alberto Libreros, señaló que continuará prestando apoyo a estas acciones lideradas por el alcalde Fredys Socarrás Reales, con lo que se ha logrado salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
[email protected]