Las víctimas del sur del departamento fueron escuchadas por funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, testimonios que fueron claves según la entidad, pues se recolectó información sobre los hechos victimizantes.
Javier Antonio recuerda con tristeza y angustia aquel desastroso febrero de 1996, cuando, con unas pocas pertenencias que alcanzó a empacar, le tocó abandonar su terruño para proteger la vida de su familia por causa de la violencia.
Esta es la historia de un campesino de 57 años, víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado en el departamento del Cesar. Hoy, sus manos lo delatan, en ellas se puede observar el duro trabajo que le tocó padecer para lograr subsistir con sus cuatro hijos.
Este hombre, sin dar un paso atrás, siempre tuvo su mirada en alto. Desde que se desplazó de su parcela, trabajó de sol a sol para sacar adelante a su humilde familia.
“Con el poco dinero que tenía, fuimos a parar a Barranquilla. Allí me tocó salir huyendo porque me quería asesinar”, señaló Javier Antonio*.
La difícil situación de la ciudad hizo que este inocente labriego buscara refugio en otro lugar más calmado, es por ello que decidió trasladarse a Villavicencio, en el departamento del Meta. Cerca de 70 familias campesinas, habitantes de la hacienda Bella Cruz, que compromete los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar, corrieron la misma suerte.
Estos campesinos, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, se acogieron al proceso de restitución, gracias a que la Ley 1448 de 2011 cobija a las víctimas de despojo o abandono forzoso de sus predios por causa del conflicto armado desde el 1 de enero de 1991.
Un grupo armado bajo el mando del exparamilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, instaló una base en esa zona de la región, lo que provocó el desplazamiento de cientos de campesinos.
Así como Javier Antonio*, campesinos de los corregimientos de San Bernardo, Costilla, Martha Isabel y las veredas Quebrada Seca, Carrizal, La Legía, Seis de Mayo, Raíces Alto, Caño Sucio, Zwiche y el perímetro urbano del municipio de Pelaya, asistieron a la jornada. En el encuentro se realizó la ampliación de hechos, elaboración de líneas de tiempo y cartografía social, con el fin de reconstruir las circunstancias victimizantes de manera cronológica por medio de la participación activa de los mismos asistentes.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
[email protected]
Las víctimas del sur del departamento fueron escuchadas por funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, testimonios que fueron claves según la entidad, pues se recolectó información sobre los hechos victimizantes.
Javier Antonio recuerda con tristeza y angustia aquel desastroso febrero de 1996, cuando, con unas pocas pertenencias que alcanzó a empacar, le tocó abandonar su terruño para proteger la vida de su familia por causa de la violencia.
Esta es la historia de un campesino de 57 años, víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado en el departamento del Cesar. Hoy, sus manos lo delatan, en ellas se puede observar el duro trabajo que le tocó padecer para lograr subsistir con sus cuatro hijos.
Este hombre, sin dar un paso atrás, siempre tuvo su mirada en alto. Desde que se desplazó de su parcela, trabajó de sol a sol para sacar adelante a su humilde familia.
“Con el poco dinero que tenía, fuimos a parar a Barranquilla. Allí me tocó salir huyendo porque me quería asesinar”, señaló Javier Antonio*.
La difícil situación de la ciudad hizo que este inocente labriego buscara refugio en otro lugar más calmado, es por ello que decidió trasladarse a Villavicencio, en el departamento del Meta. Cerca de 70 familias campesinas, habitantes de la hacienda Bella Cruz, que compromete los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar, corrieron la misma suerte.
Estos campesinos, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, se acogieron al proceso de restitución, gracias a que la Ley 1448 de 2011 cobija a las víctimas de despojo o abandono forzoso de sus predios por causa del conflicto armado desde el 1 de enero de 1991.
Un grupo armado bajo el mando del exparamilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, instaló una base en esa zona de la región, lo que provocó el desplazamiento de cientos de campesinos.
Así como Javier Antonio*, campesinos de los corregimientos de San Bernardo, Costilla, Martha Isabel y las veredas Quebrada Seca, Carrizal, La Legía, Seis de Mayo, Raíces Alto, Caño Sucio, Zwiche y el perímetro urbano del municipio de Pelaya, asistieron a la jornada. En el encuentro se realizó la ampliación de hechos, elaboración de líneas de tiempo y cartografía social, con el fin de reconstruir las circunstancias victimizantes de manera cronológica por medio de la participación activa de los mismos asistentes.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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