Diomar Sánchez Durán es de Ocaña y llegó a Valledupar hace tres meses con su mujer embarazada y sus dos hijos, duraron 15 días viviendo en la Terminal de Transportes hasta que pudieron recibir una ayuda humanitaria y conseguir 200 mil pesos con un ‘gota a gota’ y construyeron un rancho con lona y tablas en El Limonar, sector ubicado cerca al Batallón La Popa.
Hace dos días, le llegó una carta de aviso donde les decían que serían desalojados pero hicieron caso omiso porque según él no tienen para dónde irse.
“No tenemos a dónde ir, estamos pensando llegar a la Terminal para quedarnos allá mientras buscamos qué hacer, a nosotros si nos avisaron pero no sabíamos que iban a llegar acá sin ninguna compasión a desalojarnos teniendo en cuenta que mi esposa está embarazada.

Hemos pedido ayuda a la Gobernación, a Acción Social, a la Defensoría del Pueblo, pero no hemos recibido respuesta así que no sabemos qué hacer, lo más probable es que nos vayamos para la Terminal”, expresó Sánchez Durán.
A su mujer le propusieron llevarla a un albergue, pero esa propuesta no convence al hombre porque él dice que no quiere separarse de ellos, ella, por su parte, dice con voz entrecortada que “no es lo que quiero, pero si es lo que toca hacer, me toca, porque ¿qué más?”.
El lote donde estaban ubicados los invasores pertenece a Transelca, que solicitó a la Secretaría de Gobierno de Valledupar en cabeza de Carlos Mario Céspedes, que desalojaran las familias de sus terrenos.
Por tal razón, la Policía llegó hasta ese lugar en cabeza del Mayor Diego Mora, quien manifestó a este medio de comunicación que “estamos haciendo el acompañamiento a la Alcaldía de Valledupar que debe realizar este desalojo y se ha llevado en total calma, no se han presentado disturbios ni enfrentamientos con la comunidad”.

Otra de las familias que se ve damnificada con estos desalojos es el matrimonio conformado por José María Polo de León y Rubí Medina, quienes tenían una casa improvisada, hecha de madera y lona. El lugar estaba divido por una cortina en dos partes: una de aproximadamente dos metros cuadrados que hacía las veces de sala, comedor y cocina y otra de la misma medida que hacía las veces de dormitorio.
Ellos, al igual que la familia de Diomar, son víctimas de la violencia del país. A José María le mataron a un hijo y fue desplazado de un municipio del Magdalena, no quiso decir de cuál se trataba. Él lo único que pide es que le dejen tener un lugar donde vivir, aunque es consciente que son invasores de unos predios privados, quieren una casa digna donde terminar de pasar su vejez.
Ante esta situación, el secretario de Gobierno del Municipio, Carlos Mario Céspedes, aseveró que “este es un predio privado y se está precediendo al desalojo debido a una querella que se interpuso, pero en ese predio siempre ha habido invasiones, no es la primera vez, en oportunidades anteriores también se habían desalojado. Se siguió con el procedimiento legal que es la inspección ocular, las notificaciones y posteriormente el desalojo como tal, cabe decir que 14 de las 34 familias que fueron desalojadas ya tienen vivienda segura en Lorenzo Morales.”
Céspedes fue enfático en recalcar que “es fundamental que la empresa Transelca haga el cerramiento de manera adecuada, porque no lo hacen como es debido y mientras no lo hagan se seguirán presentándose las invasiones”.

“Este es un predio privado y se está realizando el desalojo debido a una querella que se interpuso, pero en ese predio siempre ha habido invasiones, no es la primera vez, en oportunidades anteriores también se habían desalojado. Se siguió con el procedimiento legal que es la inspección ocular, las notificaciones y posteriormente el desalojo como tal, cabe decir que 14 de las 34 familias que fueron desalojadas ya tienen vivienda segura en Lorenzo Morales”, Carlos Mario Céspedes, Secretario de Gobierno.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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