La crisis carcelaria en el país sigue haciendo eco en Valledupar. Ya el personero Alfonso Campo Martínez había solicitado que se decretara la emergencia carcelaria en la ciudad, tras este pronunciamiento el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, indicó que no solo en la capital del Cesar, sino en todo el país. Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entró en ‘Plan Reglamento’ en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
Desde el lunes 11 de agosto, los guardianes y funcionarios administrativos del Inpec cumplen solamente con las normas mínimas de sus funciones, tales como la prestación de guardia, tener los vehículos al día, transportar reclusos de manera gradual, entre otros.

El presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, SEUP, dragoneante Óscar Urrego Martín, explicó que desde las esferas centrales del Inpec existe un pliego de peticiones para el Gobierno Nacional, esto después de conocer que no fueron incluidos en el presupuesto nacional a pesar de haber firmado acuerdos el pasado 28 de mayo.
“Exigimos una nivelación salarial, aumento de la planta de personal, también le estamos diciendo no a la convocatoria 250, en la que se realizará una masacre laboral y quedarán sin empleo 1.800 funcionarios; el hacinamiento en los establecimientos de esta ciudad hará que colapsen porque viven hasta tres internos por celda, sin tener las garantías ni las condiciones mínimas vitales para poder cumplir su condena de una manera humana”, destacó Urrego Martín.
En estos momentos, el Establecimiento Penitenciario y Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar permanece con un sobrecupo de por lo menos el 20%, su capacidad está para albergar 1.300 internos y hay 1.573, además, solamente cuenta con 206 guardianes, quiere decir que cada guardián cuidaría siete reclusos en caso de un motín o alteración dentro del penal.
Con carteles, arengas y reclamos, los funcionarios del Inpec gritaron que trabajan entre 28 y 30 horas, cuando la jornada colombiana es de ocho; no reciben pago de horas extras y tampoco recargos nocturnos; hace 15 años no reciben nivelación salarial, el servicio de agua en el centro carcelario es pésimo; y tampoco reciben dotación.
El personero Alfonso Campo Martínez indicó que el llamado al Gobierno Nacional está hecho y la responsabilidad es inmediata debido a que en estos momentos, la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad no está recibiendo reclusos procedentes de la Unidad de Reacción Inmediata, URI y la Estación Permanente Central de la Policía Nacional en la capital del Cesar.
Con esta protesta, el personal del instituto carcelario se cohíbe de dictarles clases a los internos, por la falta de seguridad, una vez que el Inpec no está prestando el servicio.
Sobre la Cárcel Judicial, Óscar Urrego aseguró que también está en ‘Plan Reglamento’ y hoy jueves se hará un plantón para llamar la atención del Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República.
En la actualidad, el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra histórica en el país, algunas cárceles llegan a niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 300% como el registrado en la Cárcel Judicial de la capital del Cesar.
“El hacinamiento en los establecimientos de esta ciudad hará que colapsen porque viven hasta tres internos por celda”: Óscar Urrego.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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