El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar resolvió abstenerse de iniciar incidente de desacato sobre la sentencia proferida en el año 2013 por la Corte Constitucional instaurada por la Contraloría General de la República en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla y Drummond Limitada en cuanto al impacto de la operación minera en esta zona del país.
Según el Tribunal, tanto el Ministerio y la Anla, como Drummond, han dado cumplimiento a lo requerido por el fallo con relación a la mitigación de los impactos que la operación minera de esta multinacional pueda ocasionar en el medio ambiente y en la comunidad.
La minera estadounidense Drummond aseguró a través de un comunicado que ya actualizó sus actividades para cumplir con la normativa colombiana sobre medio ambiente por lo que no se producirán en su contra nuevas acciones legales.
“Drummond Limitada viene utilizando maquinaria de última generación técnica para contrarrestar el ruido y la dispersión”, indica el fallo, y agrega que la compañía ha adoptado medidas de control que se encuentran dentro de las mejores prácticas adoptadas internacionalmente para prevenir y/o minimizar las emisiones de partículas en minería de carbón.
El concepto favorable de la Anla, expuesto en el fallo y el hecho de que la Contraloría General reconoce los avances en el cumplimiento del fallo de la tutela (que desconocía al momento de instaurar el incidente de desacato), resulta “ilógico continuar desgastando el aparato jurisdiccional”, pues está demostrado el cumplimiento de lo requerido.
Las afirmaciones anteriores tienen fundamento en “bases científicas, de manera específica en mediciones realizadas en forma permanente por el sistema especial de vigilancia de la calidad de aire en la zona carbonífera del Cesar”, explica el documento.
La compañía ha protagonizado en los últimos años, fuertes polémicas con el Estado por sus procedimientos contaminantes, que incluyen vertidos de carbón en Santa Marta, cargue irregular o naufragios en el Caribe, por los que ha pagado multas millonarias. Además, en diciembre pasado, el Gobierno impuso una multa de 6.965 millones de pesos a varias empresas de la Drummond por la contaminación con carbón de la bahía de Santa Marta, Magdalena.
Ahora la explotadora de carbón con asentamiento en el departamento del Cesar, en municipios como La Jagua de Ibirico, asegura que se ha puesto al día, y que ya cumple con los requisitos para mitigar los impactos en el medio ambiente que estableció la Corte Constitucional en 2013 a través de una tutela que afectaba también al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
La justicia colombiana señaló en un comunicado que no iniciará incidente de desacato contra estos entes, lo que en la práctica supone que no emitirá nueva acciones contra ellos al considerar que cumplieron lo estipulado en la tutela de 2013.
Según el Alto Tribunal, tanto el Ministerio y la ANLA, como Drummond, han dado cumplimiento a lo requerido por el fallo en relación con la mitigación de los impactos que la operación minera de Drummond pueda ocasionar en el medio ambiente y en la comunidad ubicada en el área de influencia de las operaciones de la compañía.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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