Como algo positivo, calificaron los familiares de Luciano Romero Molina la decisión del Juzgado 56 Penal de Bogotá al declarar el asesinato de este sindicalista como un crimen de lesa humanidad.

Romero Molina quien fue señalado por paramilitares del frente ‘Mártires del Cesar’ como miembro del Eln, terminó masacrado el 11 de septiembre de 2005, a pocos metros del Batallón La Popa en Valledupar, con 50 puñaladas y además signos de tortura.

El asesinato del hombre que para esa época era miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal y secretario de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sigue “como si hubiera sido ayer” afirmó su familia.

El Juzgado 56 Penal, en su fallo del 31 de marzo de 2014, declaró este crimen como de lesa humanidad tras considerar que los principales motivos de los paramilitares para matarlo era su activismo en la defensa de los Derechos Humanos.

Ese despacho judicial argumentó que el líder sindical había salido incluso del país en noviembre de 2004 para el Principado de Asturias y regresó en abril de 2005 a la capital del Cesar, “donde continuó con su trabajo de defensor de Derechos Humanos y para subsistir, manejaba taxi por las noches”, el mismo en que fue apresado y trasladado por los autores materiales del hecho la noche del 10 de septiembre.

Por falta de garantías, el proceso que cursaba entre Bucaramanga y Valledupar este debió ser enviado a Bogotá, Romero Molina había denunciado la presencia y el control que ejercían los paramilitares en la capital cesarense, dice la sentencia, y la omisión de las autoridades para combatirlos, circunstancias por la que fue declarado objetivo militar a través de un panfleto dejado en el sindicato Sintramedes, en el que se decía que los paramilitares atacarían a los sindicatos que hacían parte de la subdirectiva de la CUT. Por ello fue “sujeto de medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”.

El fallo del Juzgado 56 Penal indicó que “la empresa Cicolac lo suspendió y determinó unilateralmente despedir a los trabajadores mencionados (en el panfleto dejado en Sintramedes), sin haber terminado de escucharlos en sus descargos”. “Ellos nunca hicieron protesta, simplemente aplazaron la huelga para darle tiempo a la empresa (Cicolac), pero los despidieron sin razones”, aseguró un testigo.

En Valledupar, entre los años 2001 y 2002, fueron asesinados de manera selectiva por facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, cerca de 12 dirigentes sindicales y amenazaron a otro grupo, entre esos a Luciano Romero.

Las condenas

Casi se cumplen nueve años del crimen de Luciano Romero y su familia sigue reclamando que las autoridades no han dado con los autores intelectuales del hecho.

Por estos hechos han sido condenados como coautores los paramilitares Jorge Armando Turizo Ibáñez, alias ‘Calabazo’; José Antonio Ustáriz, alias ‘José’; Jhonathan David Contreras, alias ‘Paco’; Jair Domingo Plata Rodríguez, alias ‘Emiliano’; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’; Giovanny Alfredo Andrade Racines, alias ‘El Guajiro’.

Según el fallo quedó demostrada la complicidad que existía entre los paramilitares del Frente Mártires del Cesar y los organismos de seguridad del Estado, en este caso el DAS. De esta investigación fueron absueltos en primera instancia, el detective José Antonio Riaño y Norberto Sotomayor González, coordinador de la unidad investigativa de la policía judicial ante el Gaula.

En el fallo del 31 de marzo pasado, el Juzgado 56 Penal condenó a 390 meses a Hever Ovidio Neira Bello, alias ‘R1’ o ‘El Fugitivo’, también conocido como ‘El Abogado’, como coautor del delito de homicidio en persona protegida, actualmente está en prisión, quien según las investigaciones entregó a Romero Molina a los paramilitares la noche del 10 de septiembre de 2005 en el semáforo de la transversal 23 de Valledupar.

Igualmente ese despacho ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue la presunta persecución y violencia contra los integrantes de Sinaltrainal y contra la propia agremiación, la cual tenga en cuenta los elementos hallados en dicha providencia, y a su vez se investigue el presunto delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas contra el mayor Calvo Soto, comandante del grupo Gaula de Valledupar.

El asesinato, como terminó esclarecido ante la decisión del Juzgado 56 Penal, permanece en la memoria de los cuatro hijos que dejó Luciano Romero, además su esposa, quienes hasta la fecha no han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia, así lo conoció EL PILÓN.

Denuncia contra Nestlé

El 5 de marzo de 2012, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) presentaron ante la Fiscalía de Zug, en Suiza, una querella contra la firma Nestlé.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

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