De manera solidaria deberán responder la exalcaldesa de Becerril, Yanci Bueno Contreras; su secretaria de Planeación, Soraya Pinto Borrego y el contratista José Jaime Brito Rosado, tras confirmarse el fallo en segunda instancia por la Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada, Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

El ente de control halló responsable de detrimento patrimonial a Bueno Contreras; a su Secretaria de Planeación, quien en varias oportunidades actuó como Alcaldesa encargada, y a los integrantes de la Unión Temporal Becerril-Villa Luz: José Jaime Brito Rosado e Inversiones Samil E.U.

El ente de control les declaró responsabilidad fiscal en cuantía de 3.157 millones de pesos por hechos presentados en el año 2010, cuando la Alcaldía de Becerril en cabeza de Bueno Contreras contrató la construcción de 180 unidades habitacionales en el marco del proyecto de vivienda de interés social denominado Villa Luz, pero que al final solo se construyeron 100.

En el proyecto, la Contraloría detectó que no existió etapa de planeación, por lo tanto tampoco estudios previos, análisis de precios, verificación de condiciones jurídicas y técnicas para la construcción de un plan de vivienda como este.

Entre las falencias detectadas también se encuentra que en abril de 2011, la propiedad Tierra Santa, lugar predestinado para ubicar el proyecto, tuvo que ser modificado, según el ente de control, porque se encontraba en área rural del municipio, “presuntamente contrariando políticas constructivas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, siendo reemplazado por el predio La Esmeralda, también localizado en zona rural. La modificación de este aspecto del proyecto no está sustentada ni autorizada en documento oficial”.

El informe de la Contraloría también dice que el acuerdo fue pagado en su totalidad mediante cheque de gerencia del 30 de diciembre de 2010, sin garantía que lo respaldara.

De igual modo señala el ente de control, que el 15 de septiembre de 2011, fue autorizado el pago de 180 millones de pesos, como aporte de recursos de cofinanciación del proyecto Villa Luz, la cual fue a manera de subsidio de 100 familias vulnerables y desplazadas y posiblemente beneficiarias de las mismas.

También dice la Contraloría que la calidad de las obra es muy regular y muestra fotografías de lo mal instalados que quedaron los sanitarios y los desagües; lo mismo que las conducciones eléctricas quedaron expuestas, lavaplatos sin instalar y otros colocados de manera incorrecta; formaletas mal hechas, vigas áreas sin apoyo sobre columnas, entre otras falencias.

Daño patrimonial

Según la Contaloría, el proyecto de vivienda no cumple los requisitos de ley, no existen planos que avalen su ejecución y las casas presentan deficiencias estructurales que las hacen inhabitables.

El daño, dice el informe del ente de control, se empezó a generar desde la etapa precontractual, en donde la Administración a través de la figura de Unión Temporal evade el deber legal de realizar una licitación pública para contratar una obra que implicaba escoger como contratistas a personas que tuvieran la experiencia y la capacidad técnica y económica para ejecutar una obra de tal envergadura como era Villa Luz.

Los estudios y diseños no cumplen con los requisitos estipulados por la normatividad para ser considerados como soportes técnicos del proyecto.

Otros de los aspectos donde se advierte la existencia del daño fiscal está en que las instalaciones eléctricas no están realizadas de manera que garanticen la seguridad de los beneficiarios pues donde hay cableado en algunas viviendas se encuentra expuesto, no cuenta con las tomas o accesorios respectivos y en algunos casos la red eléctrica se encuentra expuesta.

Las viviendas cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado, pero no con servicio de energía, tampoco con vías internas conformadas y pavimentadas, por lo que no se puede garantizar el servicio de aseo.

“Las falencias y especialmente las de tipo estructural hacen que lo invertido en la construcción en las viviendas sea una inversión ineficiente no apta para el cumplimiento de los fines del estado”, dice la Contraloría.

Para este proyecto, la Alcaldía invirtió en viviendas 2.265 millones de pesos; en obras de urbanismo 165 millones 187 mil pesos y desembolsó por todo 3.180 millones de pesos.

En contravía

Según la Contraloría General de la República, el Municipio elaboró y firmó un contrato tras la figura de la Unión Temporal, lo cual iba en contravía con los principio de contratación y administración pública.

Según el informe, la decisión de Bueno Contreras evidencia el desequilibrio en que quedó el Municipio frente a los demás integrantes de la Unión Temporal, debido a que solo la Alcaldía aportó recursos financieros y no pactó por ejemplo en la forma de pago un anticipo previo plan de inversión del mismo o un cronograma de obras.

No existía interventoría externa que realizara el control pertinente y no fueron exigidas unas garantías, entre otros.

El ente de control considera que existió total negligencia por parte de la Alcaldesa de la época, para el manejo de los recursos del Estado en virtud al cargo desempeñado.

Hoy estas viviendas están invadidas por personas destechadas, quienes se niegan a irse del lugar y debido al invierno que se presenta en el Cesar, estas casas representan un peligro, debido a que no fueron bien construidas.

Por Sandra Santiago B.

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