En un acto conmovedor, privado, sin la presencia de los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación entregó ayer los restos de cuatro personas que murieron por culpa del conflicto armado en el departamento del Cesar. Dos de ellos estaban desaparecidos desde hacía 14 años, cuando hombres del frente Juan Andrés Álvarez de las autodefensas incursionaron en la parcelación El Prado, centro del Cesar, y se llevaron a cinco personas. Los cuerpos de los otros tres aún no aparecen.

Los familiares de estas víctimas cerraron un capitulo, porque ya pueden enterrar a sus muertos. Pero abrieron otro. El de la justicia, reparación y no repetición. Este hecho se dio como preámbulo a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, fecha emblemática para Colombia (nueve de abril) porque recuerda el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán.

Esta fecha es vista como una medida de satisfacción, tal como lo contempla el Artículo 139 de la Ley 1448 de 2008, que determina “acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas por medio de la discusión de la verdad de los hechos ocurridos en el marco de del conflicto armado y que vulneraron sus derechos”.

El Cesar tiene más de 300 mil víctimas -es decir, un poco más del 30% de la población de este departamento es víctima-, y en este caso, en este día, la sociedad cesarense debe valorar los avances y el esfuerzo que han hecho los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas, que son las encargadas de que hoy se realicen diversos actos en Valledupar para que la comunidad, las autoridades y las instituciones que deben estar involucradas y aún no lo están, recuerden que tienen un compromiso con las víctimas.

Hoy es el escenario perfecto para que se haga una evaluación de la aplicación de la Ley 1448, para que haya un acercamiento con los miembros de la Asamblea Departamental y con el Gobernador del Cesar, para que conozcan las propuestas que tiene la Mesa Departamental, que según conoció EL PILÓN son la creación de un Fondo con recursos de la administración departamental para apoyar las iniciativas productivas de las víctimas, y de una Secretaría o Subsecretaria de Víctimas, como ya la tienen departamentos como Antioquia, Bolívar y Huila, para que en los consejos de gobierno haya voz y voto con el tema y se aplique la Ley como debe ser.

Es curioso, pero en el Cesar las autoridades no están sensibilizadas frente al tema de víctimas. En el 2011 reunieron a los alcaldes de todo del departamento y les anunciaron lo que venía con la Ley y desde la Unidad de Víctimas del Cesar-La Guajira se logró que seis de los 27 centros de atención aprobados para todo el país, fueran para esta territorial (cuatro Cesar y dos en La Guajira). Después de tres años, cuatro son una realidad: Valledupar, El Molino, Riohacha y Curumaní. Los otros dos eran para Codazzi y Aguachica, pero sus alcaldes no han prestado atención, aun cuando el mayor porcentaje de los recursos los pone el Gobierno Nacional. ¿Así atienden a las víctimas?

EL PILÓN hace un llamado a los diputados, a los alcaldes de los 25 municipios cesarenses, al gobernador Luis Alberto Monsalvo, a los congresistas actuales y a los electos, para que no les den la espalda a las víctimas. Las heridas no se sanan con discursos y palabras, sino con hechos.