La extracción de material de arrastre y la captación de agua para cultivo, están llevando a que el río La Mula, en el municipio de Chiriguaná, se deteriore cada día más, informó el director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, Kaleth Villalobos.

Según denuncias de la comunidad, a diario camiones extraen todo tipo de material de construcción, situación que está generando la sequía del afluente que era visitado por chiriguaneros y turistas.

“Allá hay dos problemas; uno tiene que ver con la extracción de material de arrastre y el otro está relacionado con las concesiones de agua, es decir captación del líquido para cultivo; especialmente, y en este caso particular, de palmicultores”, señaló el director de la corporación ambiental del Cesar.

Aclaró que Corpocesar no entrega títulos mineros para la extracción de material de arrastre solo se encarga de hacer un plan de manejo para que el deterioro del río no sea de mayor envergadura, “la Secretaría de Minas anteriormente y la Nación a través de la Agencia de Minería le otorga a un particular un título minero para que saque material de arrastre del río La Mula; eso no es problema de Corpocesar”.

De acuerdo con el funcionario, una vez que el particular tiene el título minero, acuerda con la corporación una licencia ambiental o un plan de manejo, y la recomendación que le dan es que haga la extracción de tal forma que afecte mínimamente el cuerpo de agua.

Según la ley, para las empresas o particulares que tenga este tipo de licencias de extracción, no debe sobrepasar de 1.50 de profundidad; pero, en las denuncias, los habitantes afirman que no se está respetando dicha obligación.

Durante la última visita de la entidad ambiental, los funcionarios que acudieron al llamado de la comunidad no hallaron irregularidades en el caudal, pero el Director Kaleth Villalobos se comprometió a volver la próxima semana para apersonarse del caso.

Para la captación de agua, el director dijo que dos factores influyen en esta problemática, “Uno es que no tenemos distritos de riego, es un problema de la costa en general y en el departamento del Cesar en particular y, dos, el tema del cambio climático.

Una cosa era cultivar arroz y papa hace diez años y otra cosa es cultivar arroz y palma hoy, con unas nuevas realidad climáticas donde hay sequías más prolongadas y el nivel pluviométrico, es decir de lluvia, es mucho menor; hay mucha demanda de agua porque hemos crecido demográficamente”.

“Si la disminución del caudal ecológico del río es de un 60%, se va a donde se les ha dado concesión y se les reduce; si la concesión es de 10 litros por segundo, se reduce a cuatro litros por segundo”.

Pero el Director de Corpocesar afirmó que falta apoyo de los mandatarios locales para que hagan respetar la reglamentación, más exactamente en el río La Mula.

Añadió que cuando se hacen estas disminuciones en los trinchos de agua, una vez se retiran del lugar, los particulares que captan el agua nuevamente reabren la bocatoma e instalan personas armadas en el sector; además no se cuenta con suficiente personal oficial para que permanezca en esos sitios.

“Nosotros nos regresamos, el tipo vuelve a colocar su trincho porque manda a gente armada, pero la Ley 1333 del 2009 en su artículo segundo, faculta a los alcaldes como la principal autoridad ambiental de su jurisdicción.

Es el alcalde el que debe enviar a la fuerza púbica, nosotros enviamos el acta administrativa y ellos son los que se deben encargar de que los usuarios cumplan con la ley ambiental”, afirmó Kaleth Villalobos.

Sanciones a los infractores ambientales

Mauricio Acosta, jefe jurídico de Corpocesar, señaló que en caso de hallarse responsable al particular o la empresa, que atente contra el medio ambiente, deberá responder con sanciones pecuniarias que van desde uno a cinco mil salarios mínimos.

“En caso afirmativo de que se encuentren algunos indicios de presunta infracción ambiental, se hace el inicio de un procedimiento sancionatorio, donde se hace una verificación preliminar para ver quién es el presunto infractor y cuáles son las acciones atentatorias que se presentaron contra el medio ambiente y tratar de conformar un acervo probatorio.

Si la oficina jurídica considera que hay méritos para continuar con el proceso, se eleva un pliego de cargos en el que se especifica la técnica y jurídicamente cuáles son las presuntas infracciones que se cometieron”, enfatizó.

Mohamed Osman Díaz
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