Hace una década Valledupar tenía unas finanzas debilitadas, especialmente por la baja cultura de pago de impuestos, tanto que ese acumulado de déficit fiscal, sumado a despilfarro y corrupción, llevó al municipio a buscar salidas drásticas, como la Ley 550 en la que está inmersa hoy.

Los años 2012 y 2013 registraron un comportamiento positivo del recaudo de impuesto predial y de industria y comercio, tomando una dinámica de menos a más. Mientras en el 2012 el recaudo por industria y comercio fue de $ 17.500 millones, en el 2013 superó los $ 20.000 millones; y algo similar ocurrió con el predial, de $ 14.000 millones pasó a $ 17.400 millones en las mismas vigencias.

A pesar de este avance que fortaleció la cultura de pago de los vallenatos, que generó mayor sentido de pertenencia por la ciudad con la expectativa de que a mayores recaudos más obras se esperan, hoy se corre el riesgo de retroceder los pasos con la liquidación de los impuestos 2014, hechos con base en una actualización catastral que hizo el año anterior el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, que de inmediato determina la nueva base gravable para liquidar los impuestos, que de facto aumentan.

El IGAC para el 2014, aumentó a tal nivel el valor de los inmuebles de la ciudad, que en solo un año ese dato se ha ubicado a niveles de Manizales, ($8,5 billones), por encima de Montería y cerca de Santa Marta, ($9,4 billones). ¡Valledupar ya vale 8,11 billones!

Las ciudades con mayor aumento catastral fueron: Soledad con un aumento de $3,67 billones, seguida de Valledupar con $3,36 billones, Cajicá con $2,75 billones, Tocancipá con $2,43 billones y Piedecuesta con $2,43 billones de pesos.

En años anteriores, para esta fecha, faltando 14 días para que termine el mes marzo, los recaudos eran significativos debido a los incentivos tributarios ofrecidos por el Municipio, situación que no se vive ahora por cuanto los valores se han duplicado y hasta triplicado, según lo han expuesto muchos ciudadanos en las sesiones convocadas por el Concejo Municipal.

Las cartas están sobre la mesa. El IGAC se ofreció para estudiar los casos de ciudadanos que consideren que su avalúo está sobredimensionado, el Concejo Municipal se comprometió a presentar un proyecto que ofrezca mayores incentivos y la Alcaldía a estudiar con mayor detenimiento desde el ámbito jurídico los efectos del nuevo avalúo y los nuevos incentivos, especialmente porque debe tener en cuenta su Estatuto Tributario, que en el Artículo 29 dice: “…Cuando de una vigencia a otra el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido en el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una suma igual al cien por ciento del impuesto predial liquidado por el año anterior”.

Esperamos una solución eficaz que no perjudique los recaudos y por ende el desarrollo de la ciudad, y una revisión exhaustiva, con expertos en el tema tributario, que evite errores para el contribuyente, y a las finanzas del municipio.