Por: Carlos Guillermo Ramírez 

Muy a pesar de que nuestro país, es de los pocos en el mundo que cuenta con dos estatutos anticorrupción para hacerle frente al mal manejo de la cosa pública (ley 190 de 1995 y ley 1474 de 2011), sumado a los delitos previstos contra la administración pública estatuidos en el código penal, más las normas prohibitivas y sancionatorias contempladas en el Código Único Disciplinario ( ley 734/02) y las normas que regulan el proceso contractual, que también en su esencia son normas anticorrupción; los escándalos de corrupción no paran y por el contrario cada día aparecen más y nuevos episodios sobre este flagelo, que como el de la Policía Nacional, que es la noticia de la semana, hacen pensar que esta problemática se haga insostenible y que los Colombianos perdamos la fe en nuestras instituciones.

Situación de la que además, es consciente el Gobierno Nacional y que es uno de los puntos que sustenta la exposición de motivos de la propuesta de la reforma ala justicia que se presentará ante el Congreso de la República en el próximo mes de marzo.

Tan agudo es este problema que en una reciente encuesta realizada por el organismo Transparencia Internacional, revela que más de la mitad de la población colombiana (56 %) cree que en los dos últimos años la corrupción en el sector público ha aumentado; el (62 %) de los encuestados admite que la corrupción en el sector público es un problema grave; un (66 %) de los consultados consideran que son necesarios los contactos con funcionarios para agilizar los procesos o para obtener un servicio, un (28%) piensa que la corrupción es un verdadero “cáncer” que corroe las instituciones públicas, mientras que el ( 27) % reconoce haber pagado sobornos a la Policía y el (19 %) lo ha hecho a operadores del sistema judicial. Como puede observarse, la percepción de los Colombianos sobre la gestión pública y la justicia es muy negativa, pero lastimosamente y de manera contradictoria, una gran parte de la sociedad la acepta y se vale de sobornos o mordidas para obtener un provecho suyo.

Esto hace pensar entonces, que la salida a este problema no es únicamente legislar para aconductar al servidor público, es decir, no se puede seguir tratando la fiebre en las cobijas, puesto que la corrupción no solo está en el sector oficial, sino que su in put proviene del sector privado, vale decir, de la misma sociedad. En este sentido, es importante abordar y tratar este fenómeno desde una perspectiva socio jurídica, puesto que estudios que se ha hecho en otros países, apuntan que la corrupción se origina por la ausencia del concepto de interés general, por la baja participación ciudadana, por la ausencia de responsabilidad social, por la devaluación de los valores morales, por la degradación de los controles políticos y la tolerancia social.

Ahora, como uno de los focos de corrupción más severos está en la contratación pública, no hay que olvidar que la actividad contractual siempre será vulnerable, en el sentido que siempre se enfrentarán los intereses generales con los de los particulares; conflicto que no resuelve únicamente la ley, ya que ésta no lo es todo, pues es necesario apelar a los principios de la ética y a los valores morales; o mejor dicho, así como se viene proponiendo la obligación de la cátedra para la paz, también se debe proponer la cátedra anticorrupción desde nuestros centros educativos.