El terreno querellado es de 10 mil metros cuadrados, avaluado en 687 millones de pesos.
Como incompetente se declaró el juez Primero Civil del Circuito de Valledupar, Camilo Manrique Serrano, para asumir la querella por la disputa de predios entre particulares y la Terminal de Transporte de Valledupar, que se concentra sobre la calle 44 y la parte posterior de la entidad.
Manrique Serrano, en declaraciones a Radio Guatapurí, aseguró que negó el proceso reivindicatorio promovido por Yenni González Pedraza y Flor María Tarazona de Guerrero, a través de su apoderado Alfredo Leví Carrillo, remitiendo el caso por competencia a Jueces Administrativos del Circuito de Valledupar.
Cabe recordar que el jurista Leví Carrillo intenta demostrar con título de ambos inmuebles y certificación de tradición y libertad la propiedad particular, mientras que la Contraloría Municipal por conducto del defensor público, Alex Mendoza Arzuaga, busca demostrar la defensa de un bien de uso público.
Posición de la Contraloría
Considerando que se han vulnerado los derechos colectivos del patrimonio público y la moral administrativa, la contralora Municipal, Mercedes Vásquez Ramírez, impetró una acción popular contra la Rama Judicial del Poder Público (Juez Cuarto Civil del Circuito Adjunto).
El terreno querellado es de 10 mil metros cuadrados, avaluado en 687 millones de pesos.
Como incompetente se declaró el juez Primero Civil del Circuito de Valledupar, Camilo Manrique Serrano, para asumir la querella por la disputa de predios entre particulares y la Terminal de Transporte de Valledupar, que se concentra sobre la calle 44 y la parte posterior de la entidad.
Manrique Serrano, en declaraciones a Radio Guatapurí, aseguró que negó el proceso reivindicatorio promovido por Yenni González Pedraza y Flor María Tarazona de Guerrero, a través de su apoderado Alfredo Leví Carrillo, remitiendo el caso por competencia a Jueces Administrativos del Circuito de Valledupar.
Cabe recordar que el jurista Leví Carrillo intenta demostrar con título de ambos inmuebles y certificación de tradición y libertad la propiedad particular, mientras que la Contraloría Municipal por conducto del defensor público, Alex Mendoza Arzuaga, busca demostrar la defensa de un bien de uso público.
Posición de la Contraloría
Considerando que se han vulnerado los derechos colectivos del patrimonio público y la moral administrativa, la contralora Municipal, Mercedes Vásquez Ramírez, impetró una acción popular contra la Rama Judicial del Poder Público (Juez Cuarto Civil del Circuito Adjunto).