Ante denuncias en su contra sobre presuntos actos de corrupción cometidos por Jesús Javier González García, gerente del hospital Marino Zuleta Ramírez, del municipio de La Paz, éste desmintió las acusaciones.

“El ejercicio de la actividad administrativa y asistencial del hospital, desde mi gerencia, se ha desarrollado dentro del marco de la transparencia, eficacia, eficiencia y economía. Ni yo, ni ninguno de mis funcionarios, han dilapidado recursos públicos. Los viáticos autorizados se han hecho de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, aseveró de forma enfática.

También precisó que la actividad contractual de la institución, se ejerce de conformidad con el estatuto de contratación y que la ejecución de los contratos se encuentra acompañada de su respectiva supervisión o interventoría, para garantizar el cumplimiento de los mismos. “Todos los contratos celebrados y ejecutados obedecen a las necesidades de la misma”, subrayó.

Referente a las denuncias del supuesto plagio del plan de desarrollo del centro asistencial del hospital de Yopal, Casanare, González García aseguró que las políticas públicas no tienen derechos de autor, indicando que “si nuestra administración observa que alguna entidad tiene algún programa digno de replicar, dentro del contexto de nuestro territorio, tengan la seguridad que lo imitaremos. Nuestro país ha replicado muchas políticas de otros países y eso no merece ningún reproche”.

¿De qué es señalado el funcionario?

Dos ciudadanos registraron inconformidades del Gerente del Hospital de La Paz en la Procuraduría Provincial de Valledupar, Contraloría Departamental y Fiscalía, que dan cuenta de viáticos que sobrepasan la escala nacional y ejecución de tres días de un contrato por más de 42 millones de pesos.

Uno de los querellantes, Wilmer Sierra Oñate, asegura que en la resolución 178 de noviembre 29 de 2012, se ordenó una comisión de tres días y pago de viáticos a un grupo de funcionarios del hospital; pero al corroborar los certificados de permanencia se percibe que sólo asistieron un día, pero hicieron efectivos los rubros totales. En este sentido, exhorta a la Procuraduría a realizar una auditoría interna al hospital, considerando que incurrieron en conductas ilícitas como peculado por apropiación.

Otra de las posibles anomalías expuestas por la comunidad se centran en un contrato por $42.325.165 para jornadas de sensibilización a la comunidad para prevención de VIH-SIDA, derechos humanos y fortalecimiento de salud pública, cuya tiempo de ejecución fue pactada para un mes; sin embargo, las actividades contractuales se dieron en tres días (20, 21 y 22 de diciembre de 2012).

Por Annelise Barriga Ramírez

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