Los jueces de Restitución de Tierras en la Costa Atlántica han expedido 15 sentencias para devolver predios en el Cesar. Hasta la fecha solo han hecho efectivas seis.
Un día fueron apartados de su arraigo. El porqué, aún lo desconocen, pero lo nunca entendido fue quiénes de la población se beneficiaron por la ola violenta que golpeó al Cesar hace algunos años.
La Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar espera que el próximo año se hagan efectivas nueve sentencias de los jueces de restitución de tierras, que ordenan devolver predios en diferentes zonas del departamento, que fueron azotadas por paramilitares que intimidaron, asesinaron y desplazaron a los campesinos de sus propiedades.
Con estas nueve restituciones, más las seis asignadas a familias de la finca Altiplano, de la zona corregimental de Valledupar, las parcelaciones de El Toco (parcelas 16, 43 y 51), el predio Las Ilusiones en Agustín Codazzi y en La Argentina, que fue un terreno entregado por compensación en la zona rural de Aguachica, serían 15 las sentencias que hasta el momento han fallado para el Cesar los jueces de Restitución de Tierras de Cartagena, en dos años que lleva funcionando esta jurisdicción especial.
Reducidas cifras, si se contempla que en la Oficina de Restitución de Tierras, que además cubre La Guajira, ya van presentadas 4.037 solicitudes que piden la devolución de más de 195.000 hectáreas, siendo esta región la tercera con más tierras por restituir, después de Antioquia y Bolívar.
De estas solicitudes actualmente 32 de ellas están a la espera de un fallo a favor por el Tribunal Superior de Cartagena y 87 más en diferentes Juzgados de la Costa.
Un informe presentado por el portal verdadabierta.com, indicó que de Valledupar fueron desplazadas más de 38.000 personas, especialmente de la zona rural, donde delinquían los hombres del frente Mártires del Cesar.
Del 2001 al 2004 fue la época en que más personas tuvieron que salir de la zona por presiones de los paramilitares.
La Oficina de Restitución de Tierras en este departamento dividió los procesos en dos partes para el tema de restitución, por lo que los municipios del sur (San Alberto, San Martín, La Gloria, Aguachica, Río de Oro y Gamarra) hacen parte de la Oficina del Magdalena Medio, zona en donde delinquió Juan Francisco Prada alias ‘Juancho’ Prada, mientras que los 18 municipios restantes se gestionan desde Valledupar.
En estos momentos, la seccional Cesar – Guajira hace estudios de microfocalización (para devolver predios), en diez zonas de Valledupar, Codazzi, Becerril, Curumaní, San Diego, Pelaya y El Copey.
El caso de El Prado
Ernesto y su familia residían en el año de 1996, junto a 47 familias más, en los predios de El Prado, en el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de La Jagua de Ibirico.
Ernesto le contó a EL PILÓN que las 48 familias a la cuales se les adjudicó la posesión, a través de la entrega real y material de las parcelas desde 1997, empezaron a ser víctimas directas del paramilitarismo, ocasionando la muerte a 18 de sus integrantes y la desaparición de cinco más, entre ellos un menor de edad, y el desplazamiento de los restantes miembros de la comunidad de El Prado.
“Todo lo anterior está claramente comprobado mediante investigación realizada por el CTI de la Fiscalía y, por si fuera poco, corroborado por confesiones realizadas por los paramilitares, como alias ‘El Samario’, ‘Tolemaida’, ‘El Mecánico’, ‘Amaury’, ‘El Tigre’, y otros, ante la Unidad de Justicia y Paz”, recalcó el denunciante.
Ernesto aseguró “aunado a todo lo anterior, batallando contra fiscales, jueces, funcionarios del Incoder, registradores públicos y amenazas directas contras las víctimas y su única representante, se logró una esperanza de reconocimiento a toda esa penuria social, estatal, judicial y criminal, por medio de un fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, mediante el cual se ordenó: “a las 48 familias de la parcelación El Prado, su derecho de posesión sobre esas tierras de las que fueron desplazados por las Auc…..”.
Este proceso hoy está en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar-Guajira, pero hasta el momento no se han devuelto los terrenos.
La última restitución
El predio que ha sido entregado más reciente a una familia en el Cesar, se dio en la parcela 43 de El Toco, en el corregimiento Los Brasiles, perteneciente al municipio de San Diego.
El terreno cuenta con un área de 26 hectáreas y 370 metros cuadrados, que fueron devueltos en medio del proceso de restitución de tierras que adelanta la Unidad por medio de la Dirección Territorial Cesar – Guajira, de acuerdo al cumplimiento de la sentencia del 9 de mayo de 2013 proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar practicó las pruebas que consideró pertinentes y las remitió ante el Tribunal Superior de Cartagena, para que mediante sentencia ordenara la protección del derecho fundamental de los hoy favorecidos del proceso de restitución de tierras.
El propietario de la parcela 43, intentó retornar en el 2000 al sitio. Pero tras la masacre de agosto de ese año y las amenazas, decidió seguir desplazado y volver cuando la situación mejorara. Sin embargo, le dijo al juez de restitución que, desesperado, un día vendió.
Los archivos dan cuenta de que la violencia en El Toco comenzó en 1997 cuando delincuentes a cargo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, llegaron el 22 de abril y con lista en mano asesinaron a varios parceleros, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Estas familias, que eran por lo menos 90, habían invadido la hacienda en los años 90, desarrollando allí cultivos de algodón, maíz, patilla, melón, yuca, plátano y fríjol.
El Toco es la primera zona en donde hubo más desalojos forzados, La segunda es la del municipio de El Copey, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene pendientes 122 procesos administrativos y hasta el momento no tiene ninguna sentencia de restitución; El Copey registra un desplazamiento entre 2002 y 2003, que supera a las 10.000 personas.
Mientras que en la tercera zona, Codazzi, Serranía del Perijá, donde hacía presencia el grupo de las Autodefensas, dejaron 5.000 pobladores desplazadas en el año 2000.
En Codazzi existen más de 80 reclamaciones, que van desde terrenos en las veredas La Concordia, Santa Isabel, Santa Rita, Las Mercedes, Iberia, El Descanso y Begonia.
Los corregimientos de Mariangola, Villa Germania y Caracolí, en Valledupar, son la cuarta zona de mayores demandas, según la oficina de Restitución de Tierras.
Un dato
15
Sentencias a favor van emitidas por jueces de Restituciones de Tierras en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, entre otros de la Costa Atlántica.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
[email protected]
Los jueces de Restitución de Tierras en la Costa Atlántica han expedido 15 sentencias para devolver predios en el Cesar. Hasta la fecha solo han hecho efectivas seis.
Un día fueron apartados de su arraigo. El porqué, aún lo desconocen, pero lo nunca entendido fue quiénes de la población se beneficiaron por la ola violenta que golpeó al Cesar hace algunos años.
La Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar espera que el próximo año se hagan efectivas nueve sentencias de los jueces de restitución de tierras, que ordenan devolver predios en diferentes zonas del departamento, que fueron azotadas por paramilitares que intimidaron, asesinaron y desplazaron a los campesinos de sus propiedades.
Con estas nueve restituciones, más las seis asignadas a familias de la finca Altiplano, de la zona corregimental de Valledupar, las parcelaciones de El Toco (parcelas 16, 43 y 51), el predio Las Ilusiones en Agustín Codazzi y en La Argentina, que fue un terreno entregado por compensación en la zona rural de Aguachica, serían 15 las sentencias que hasta el momento han fallado para el Cesar los jueces de Restitución de Tierras de Cartagena, en dos años que lleva funcionando esta jurisdicción especial.
Reducidas cifras, si se contempla que en la Oficina de Restitución de Tierras, que además cubre La Guajira, ya van presentadas 4.037 solicitudes que piden la devolución de más de 195.000 hectáreas, siendo esta región la tercera con más tierras por restituir, después de Antioquia y Bolívar.
De estas solicitudes actualmente 32 de ellas están a la espera de un fallo a favor por el Tribunal Superior de Cartagena y 87 más en diferentes Juzgados de la Costa.
Un informe presentado por el portal verdadabierta.com, indicó que de Valledupar fueron desplazadas más de 38.000 personas, especialmente de la zona rural, donde delinquían los hombres del frente Mártires del Cesar.
Del 2001 al 2004 fue la época en que más personas tuvieron que salir de la zona por presiones de los paramilitares.
La Oficina de Restitución de Tierras en este departamento dividió los procesos en dos partes para el tema de restitución, por lo que los municipios del sur (San Alberto, San Martín, La Gloria, Aguachica, Río de Oro y Gamarra) hacen parte de la Oficina del Magdalena Medio, zona en donde delinquió Juan Francisco Prada alias ‘Juancho’ Prada, mientras que los 18 municipios restantes se gestionan desde Valledupar.
En estos momentos, la seccional Cesar – Guajira hace estudios de microfocalización (para devolver predios), en diez zonas de Valledupar, Codazzi, Becerril, Curumaní, San Diego, Pelaya y El Copey.
El caso de El Prado
Ernesto y su familia residían en el año de 1996, junto a 47 familias más, en los predios de El Prado, en el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de La Jagua de Ibirico.
Ernesto le contó a EL PILÓN que las 48 familias a la cuales se les adjudicó la posesión, a través de la entrega real y material de las parcelas desde 1997, empezaron a ser víctimas directas del paramilitarismo, ocasionando la muerte a 18 de sus integrantes y la desaparición de cinco más, entre ellos un menor de edad, y el desplazamiento de los restantes miembros de la comunidad de El Prado.
“Todo lo anterior está claramente comprobado mediante investigación realizada por el CTI de la Fiscalía y, por si fuera poco, corroborado por confesiones realizadas por los paramilitares, como alias ‘El Samario’, ‘Tolemaida’, ‘El Mecánico’, ‘Amaury’, ‘El Tigre’, y otros, ante la Unidad de Justicia y Paz”, recalcó el denunciante.
Ernesto aseguró “aunado a todo lo anterior, batallando contra fiscales, jueces, funcionarios del Incoder, registradores públicos y amenazas directas contras las víctimas y su única representante, se logró una esperanza de reconocimiento a toda esa penuria social, estatal, judicial y criminal, por medio de un fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, mediante el cual se ordenó: “a las 48 familias de la parcelación El Prado, su derecho de posesión sobre esas tierras de las que fueron desplazados por las Auc…..”.
Este proceso hoy está en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar-Guajira, pero hasta el momento no se han devuelto los terrenos.
La última restitución
El predio que ha sido entregado más reciente a una familia en el Cesar, se dio en la parcela 43 de El Toco, en el corregimiento Los Brasiles, perteneciente al municipio de San Diego.
El terreno cuenta con un área de 26 hectáreas y 370 metros cuadrados, que fueron devueltos en medio del proceso de restitución de tierras que adelanta la Unidad por medio de la Dirección Territorial Cesar – Guajira, de acuerdo al cumplimiento de la sentencia del 9 de mayo de 2013 proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar practicó las pruebas que consideró pertinentes y las remitió ante el Tribunal Superior de Cartagena, para que mediante sentencia ordenara la protección del derecho fundamental de los hoy favorecidos del proceso de restitución de tierras.
El propietario de la parcela 43, intentó retornar en el 2000 al sitio. Pero tras la masacre de agosto de ese año y las amenazas, decidió seguir desplazado y volver cuando la situación mejorara. Sin embargo, le dijo al juez de restitución que, desesperado, un día vendió.
Los archivos dan cuenta de que la violencia en El Toco comenzó en 1997 cuando delincuentes a cargo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, llegaron el 22 de abril y con lista en mano asesinaron a varios parceleros, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Estas familias, que eran por lo menos 90, habían invadido la hacienda en los años 90, desarrollando allí cultivos de algodón, maíz, patilla, melón, yuca, plátano y fríjol.
El Toco es la primera zona en donde hubo más desalojos forzados, La segunda es la del municipio de El Copey, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene pendientes 122 procesos administrativos y hasta el momento no tiene ninguna sentencia de restitución; El Copey registra un desplazamiento entre 2002 y 2003, que supera a las 10.000 personas.
Mientras que en la tercera zona, Codazzi, Serranía del Perijá, donde hacía presencia el grupo de las Autodefensas, dejaron 5.000 pobladores desplazadas en el año 2000.
En Codazzi existen más de 80 reclamaciones, que van desde terrenos en las veredas La Concordia, Santa Isabel, Santa Rita, Las Mercedes, Iberia, El Descanso y Begonia.
Los corregimientos de Mariangola, Villa Germania y Caracolí, en Valledupar, son la cuarta zona de mayores demandas, según la oficina de Restitución de Tierras.
Un dato
15
Sentencias a favor van emitidas por jueces de Restituciones de Tierras en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, entre otros de la Costa Atlántica.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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