Por Imelda Daza Cotes

El impacto causado por la arbitraria y desproporcionada sanción del Procurador contra el alcalde Gustavo Petro desbordó los cálculos de una derecha que, confíada en su poder omnímodo, se siente facultada para actuar a su antojo y decidir quién vive y quién muere física y/o políticamente en el país.

Su sempiterno monopolio político más la combinación de todas las formas de lucha, le han permitido el dominio y control total.

El genocidio contra la Unión Patriótica fue resultado de esto, pero parece que ahora va menos ese mecanismo de eliminación física del contrario; se acude más bien a la muerte política de quienes se oponen al “orden establecido” y al modelo neoliberal que amordazan la precaria democracia colombiana.

Víctimas de esa persecución han sido los políticos de izquierda Piedad Córdoba, Petro y está “en capilla” Iván Cepeda

Es evidente que la Procuraduría es un instrumento de persecución política/ideológica que no se emplea a fondo en castigar a los corruptos, ni a los responsables de tantos problemas que agobian al país, sino en impulsar una ideología cavernaria y garantizarle a la derecha la preservación de sus privilegios.La lista de sus absueltos y perdonados así lo demuestra

Pero la reacción ciudadana ha sido ejemplar frente a lo ocurrido con Petro. El Procurador y sus aliados colmaron la paciencia y enardecieron los ánimos de la gente que, resueltamente, no acepta la salida del alcalde de Bogotá.

La movilización no es sólo local, es nacional e internacional; los exiliados colombianos propusimos un Cabildo abierto y desacato popular a la decisión contra Petro porque “el humo de la hoguera que acaba de prender el abominable Ordoñez es una señal que genera desconfianza en el futuro de los acuerdos de paz”dice el comunicado.

Los argumentos legales contra la injusta sanción a Petro también pesan. Eminentes juristas han explicado que en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, un gobernante elegido por voto popular no puede ser destituido por un funcionario.

Además, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos sólo pueden ser restringidos/sancionados por decisión de un juez competente, mediante proceso penal. Nada de esto ocurrió en el caso en referencia.

Petro decidió modificar el programa de aseo de Bogotá, tuvo en cuenta a los recicladores y afectó los intereses del monopolio beneficiario de la privatización. Es decir, desprivatizó el negoción. Ese fue su “pecado”, su “blasfemia” y el Procurador, cual inquisidor, lo lanzó a la hoguera. De carambola, logró lo impensado: Unir a la dispersa izquierda