La aplicación de la Ley de Víctimas ha suscitado una serie de expectativas que van más allá de la realidad. Ley 1448 de 2011 pretende la repación integral a las víctimas a través de un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en un marco de justicia trancisional, para hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición.

Hasta ahí todo bien. Esto significa que dependiendo del grado vulnerabilidad de las personas o familias el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, evalúa cada caso y hecho victimizante y establece la ruta que deben seguir para que se recupen todas las dimensiones de su vida, tanto material como moralmente, y vuelvan a lograr unas condiciones de vida dignas.

Este lunes un grupo de desplazados en Valledupar desesperados o angustiados por su precaria situación, se reunió para pedir urgente la entrega del dinero que periódicamente reciben. Son unos recursos que según la Ley son llamadas ayudas humanitarias, las cuales en ningún momento se convierten en un subsidio permanente o en un sueldo, las cuales se entregan a las familias o personas que no pueden en realidad satisfacer sus mínimos vitales. Aunque son entendibles las múltiples necesidades de las víctimas, especialmente la de los desplazados, éstos también deben entender que existen unos tiempos y unas rutas que deben surtir para que finalmente puedan rehacer sus vidas y volver a ser productivos. No se puede vivir eternamente del Estado.

Es cierto que existen fallas o demoras en los procesos que se adelantan mediante el gran Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV-, en el que intervienen más de 50 entidades del orden nacional, departamental y municipal, pero es entendible que es un proceso nuevo en Colombia que se realiza de acuerdo con el concepto de justicia transicional.

Solo el Cesar supera las más de 300 mil víctimas, que poco a poco han ingresado al Registro Único de Víctimas y de ahí deben cumplir con todos los protocolos. Mucho se ha hecho desde el 2011 a la fecha en este tema y mucho es lo que falta. Ayer se dio un paso más en Valledupar, al indeminizar a 161 víctimas, que sumadas a otras jornadas colectivas, se consolida una cifra importante. Es un tema que genera polémica, pero también es un tema que debe servir como modelo de entendimiento entre las partes, por un lado las víctimas y por el otro los funcionarios públicos que deben responder por la aplicación de la Ley, sin intermediarios, sin trampas, sin corrupción.