En el 2011 la MANE realizó una propuesta para la reforma de la ley 30 que fue presentada al Gobierno Nacional, en ese entonces, la situación era tensa, pues en distintos lugares del país se llevaron a cabo manifestaciones por parte de los estudiantes de distintas universidades rechazando dicha reforma, con la que los estudiantes aseguraban que se buscaba privatizar la educación.

Desde ese entonces hasta hoy, la MANE se ha venido dedicando a realizar la propuesta que ya está construida y aunque no se ha presentado al Congreso, ellos exigen al Gobierno Nacional una mesa de interlocución para discutir los temas más importantes y entre ellos el presupuesto.

Uno de los voceros a nivel nacional de la MANE, Sergio Fernández, está en Valledupar para socializar con los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar la propuesta a la reforma de la ley 30; estas socializaciones se están llevando a cabo en todas las universidades del país donde hace presencia este movimiento.

Para él es muy importante que en Valledupar ya exista una Mesa Amplia Nacional Estudiantil porque esto permite la participación de los estudiantes en los temas importantes, además que garantiza la que los alumnos hagan parte de las soluciones y que aporten para el desarrollo educativo del país.

Sin embargo, Fernández aseguró que el problema en el Cesar no es de que exista o no la Mesa Amplia Estudiantil, sino que la problemática radica en el estado financiero de la UPC “lo preocupante de acá mas que la mane, es la situación de la universidad popular del Cesar, igual que el resto de las universidades públicas que, por un problema estructural de la ley, está por mal camino”.

La universidad pública tiene un déficit de 11 billones de pesos, el gobierno debe dar ese dinero para que se pueda contratar profesores, mejorar la infraestructura, construir laboratorios y demás, la necesidad de la UPC, según las cifras que maneja el vocero nacional de la MANE, es de 103 mil millones de pesos y el presupuesto es de 50 mil millones de pesos al año, luego el presupuesto cubre la mitad de las necesidades de la universidad.

“Eso conduce a dos problemas el primero es que obviamente baja la calidad porque no hay plata para contratar profesores, no hay plata para laboratorios ni para esas cosas y en segundo lugar es que esos costos que deja de asumir el gobierno se trasladan a la familia y eso sí es evidente, el aumento es los costos de matrícula en la universidad ha sido cercano al 40 por ciento y eso es supremamente alto pero además las universidades empiezan a desarrollar estrategias como la extensión privada o remunerada, entregar en concesión sus campus y no pueden aumentar la cobertura”, explicó el joven. 

Es necesario destacar que en Colombia de la educación superior es de 42  por ciento y en el Cesar es del 26 por ciento, es decir que está por debajo del promedio nacional y la MANE asevera que con universidades desfinanciadas no se puede montar la cobertura necesaria y se hace necesario que las universidad públicas cobijen a las personas que no tienen los recursos para pagar una carrera profesional, pero la educación pública también está desmantelada, tanto en cobertura como en calidad.

En las universidades públicas de Colombia hay cerca de 560 mil estudiantes, para que los jóvenes no paguen matrícula se necesita que el Estado invierta anualmente 800 mil millones de pesos, cifra que para la MANE es mínima en relación con los 44 billones de pesos que se pagan en deudas públicas o los 10 billones de pesos que se pagan en extensiones tributarias.