Los mandatarios elegidos en el 2011, se enfrentan desde hoy con la Ley de Garantías Electorales –Ley 996 de 2005- que le pone ‘freno’ a cualquier intento de utilizar la maquinaria institucional a favor de candidatos afines con sus gobiernos. En su Artículo 38, esta Ley “impide a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, realizar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni podrán igualmente participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades que se encuentren a su cargo”.

Más claro no puede ser. Es importante que los asesores jurídicos de las alcaldías y de la Gobernación del Cesar estén más atentos que nunca para que sus mandatarios no vayan a “caer en la tentación”, puesto que las interpretaciones de la Ley a veces traicionan, tal como sucede en estos momentos con la polémica suscitada por el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación que advirtió al presidente Juan Manuel Santos de abstenerse de participar en eventos en los que se inauguren obras públicas.

Coincidencialmente el próximo año tendrá elecciones de Congreso y de Presidente de la República, por ello se estima que la Ley de Garantías irá hasta el 25 de mayo, en caso de que haya segunda vuelta en las presidenciables. De ahí, que el Procurador General haya prendido las alarmas al recordar enérgicamente que "no podrán hacerse convenios interadministrativos, ni de alcaldías, gobernaciones e incluso el mismo Gobierno Nacional".

Llamado que va desde alcaldes hasta el mismo Presidente. Así que alcaldes cesarenses y señor Gobernador, si tenían obras pendientes de inaugurar en los próximos seis meses, con la ilusión de que asistiría el mandatario de los colombianos, vayan haciendo un Plan B, porque deberán entregar sin tanto ‘ruido’ lo que por derecho le corresponde a la comunidad y para lo que fueron elegidos.

Serán seis meses en los que sólo deberán ejecutar lo que venía en proceso y, claro está, podrán terminar las contrataciones por licitación que ya venían de tiempo atrás. Lo que no hicieron en casi dos años de mandato, no podrán hacerlo sino después de las elecciones presidenciales, y de ahí para adelante el final de sus mandatos se acercará más. No se dejen tentar por los candidatos al Congreso de la República, muchos amigos cercanos a sus administraciones, que querrán aparecer a su lado en cuanta obra termine. Recuerden el mensaje de la Procuraduría: "No pueden haber actos de proselitismo, para permitir que quienes no hagan parte del Gobierno presenten sus opciones electorales".

No olviden que las comunidades ahora están más informadas y saben que podrán denunciar cualquier participación en política de sus gobernantes. Y el que no cumpla, deberá enfrentar las investigaciones y las sanciones por desatender o manipular la Ley de Garantías Electorales.