En enero del 2007, tras conocerse el escándalo de los ‘falsos positivos' en Colombia, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó a recibir señalamientos por la cantidad de muertes, que en el 2008 un estudio reveló que se habían recibido denuncias de 95 casos y 175 víctimas. Ello implicó un descenso en 149 casos que se presentaron en el 2007, pero un incremento con respecto a los 68 casos registrados en el 2006.

En el Cesar, el año crítico y de mayores señalamientos de lo que serían muertes en enfrentamientos entre el Ejército Nacional con guerrilla de las Farc o paramilitares de las Auc se dio en el 2004, cuando hubo un promedio de 20 a 25 inspecciones de cadáveres por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, de ahí en adelante, hasta 2009 las acusaciones comenzaron a crecer. 

Tanto así que en 2005 unas 50 personas perdieron la vida a causa de combates extrajudiciales, para 2006 las cifras bajaron a 25 relativamente en un 50%, pero en el 2007 volvieron aumentar a unas 50; en este año aparecen más casos en los expedientes de la Fiscalía General de la Nación pero hubo algunos que no se lograron identificar porque no poseían documentos de identidad (algunos menores de edad), lo que dificultó el proceso, para el año 2008 (30 casos) se había producido un aumento del 30% en el semestre comprendido entre julio y diciembre del mismo año. 

Los ‘falsos positivos’, son casos reportados por unidades de la fuerza pública como resultados positivos en la acción contra grupos armados ilegales, y que eran emitidos en los informes oficiales como “muertes en combate” de actores insurgentes y otras acciones legítimas de guerra, pero que posteriormente y debido a las denuncias de organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos de víctimas directas de los hechos, se revelaron que la población civil no eran combatiente, lo que  significaría violaciones contra los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; las medidas oficiales implicaron destituciones y detenciones de los oficiales presuntamente implicados en los hechos. 

El pasado 9 de septiembre, el juzgado sexto especializado de Bogotá condenó a 19 años y seis meses de prisión al excomandante del Batallón La Popa, coronel Publio Hernán Mejía por su participación y responsabilidad en la conformación de una alianza con los paramilitares que delinquían en la región.

En el fallo se encontró que en el marco de las operaciones ‘Coraza’ y ‘Tormenta’ se presentaron irregularidades, puesto que con el afán de mostrar resultados fueron asesinadas varias personas quienes después las vincularon con relaciones con las guerrillas de las Farc y del Eln que delinquían en Valledupar.

El Juez Sexto de Bogotá encontró legítima la acusación de la Fiscalía que lo responsabilizó de asesinatos extrajudiciales. Mejía se encuentra recluido en el Batallón de Policía Militar Número 13, en el occidente de la capital del país. 

La Operación ‘Coraza’, dejó dos personas muertas que habían ingresado al batallón La Popa, y en la Operación ‘Tormenta’, en la hacienda Socorro (Bosconia), fueron muertos 16 presuntos guerrilleros del Eln, en octubre de 2002. La Fiscalía señala que esa operación fue inusual e ilegal. El Juzgado Sexto Especializado de Bogotá también condenó al coronel José Pastor Ruiz Mahecha y absolvió al teniente Nelson Javier Mora por los mismos hechos.

Mejía es el tercer oficial de alto rango que recibe una alta condena por los denominados ‘falsos positivos’. El primero de ellos fue el coronel Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, quien fue condenado a 40 años por haber confesado 57 homicidios. 

Nueva condena 
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, le impuso una condena millonaria al Estado Colombiano tasada en cerca de 300 millones de pesos, a raíz de una ejecución extrajudicial registrada en el corregimiento de Maicito, jurisdicción de Pelaya, Cesar en hechos cometidos el 11 de septiembre de 2007 en la que resultó víctima el campesino Julio Alejandro Carrascal Durán.

La sentencia condenatoria dictada contra la Nación, por la Juez Consuelo Martínez Martínez, en atención a una demanda de reparación directa, se deriva del empleo indebido de las armas del Estado a cargo de Soldados del Batallón de Infantería Mecanizado número 6 Cartagena, precisa la sentencia.

Uniformados del Pelotón Cazador 3, en desarrollo de la operación Macedonia, Misión Táctica número 102 MT Singapur, dieron muerte al labriego, individualizado como recolector de café, pero presentado como miembro del frente 41 de las Farc, supuestamente muerto en combate al enfrentarse a la tropa regular, hecho catalogado como otro escándalo de falso positivo, proceso en el que intervino como apoderado judicial el abogado Gustavo Ospino Amaya.

En la actualidad 
Muchos fueron los casos denunciados desde el 2002 a la fecha, alrededor de 180 reposan en los expedientes de la Fiscalía por los llamados ‘falsos positivos', pero pocos han sido esclarecidos y otros siguen en la impunidad. 

La Fiscal 94 especializada de Derechos Humanos de Valledupar y Derecho Internacional Humanitario, Diva Inés Coronado Daza, explicó que la mayoría de procesos son viejos, y que se rigen en la Ley 600 antes de 2004, y los nuevos son llevados bajo la lupa de la Ley 906. 

Coronado Daza, única Fiscal de Derechos Humanos en Valledupar comentó que se llevan siete casos por presuntos ‘falsos positivos', en Chiriguaná y La Guajira por hechos ocurridos en Dibulla,  de igual forma en Bosconia y uno por acciones cometidas en el corregimiento de La Meza, además tres en Valledupar. Estos procesos están en etapa de juicio. 

El próximo 22 de octubre se llevará a cabo una audiencia pública, en donde se realizará la lectura del fallo por hechos donde resultaron muertas cinco personas en el 2011. 

Diferencia entre Ley 600 y 906 
La Ley 600 del año 2000 y de la Ley 906 del año 2004 se refiere al Sistema de Procedimiento Penal utilizado por la justicia colombiana cuando una persona ejecuta una conducta regulada como delito. 

En la 600 del año 2000 se manejaba el procedimiento mixto inquisitivo – acusatorio donde el juez de oficio investiga sin otras limitaciones que las que impone la ley. De esta forma la Fiscalía investigaba de oficio y se convertía al mismo tiempo es investigador y acusador. Después de que el fiscal dictaba resolución de acusación dejaba de ser el juez para convertirse en parte acusadora únicamente.

Actualmente se usa el procedimiento contenido en la Ley 906 de 2004 que es un Sistema Acusatorio y donde la oralidad se impone en los estrados, diferente de la ley 600 que era procedimientos escritos y se acumulaban grandes expedientes, entre otras diferencias. 

• Las zonas en el Cesar que más cuentan con personas asesinadas y luego mostradas como ‘falsos positivos' son: Manaure, Pueblo Bello, Media Luna, Codazzi y Atánquez. 

• La Operación ‘Coraza’, dejó dos personas muertas que habían ingresado al Batallón La Popa, y en la Operación ‘Tormenta’, en la hacienda Socorro (Bosconia), fueron muertos 16 presuntos guerrilleros del Eln, en octubre de 2002.

Equipo de Redacción/EL PILÓN