Por: José Félix Lafaurie Rivera
 
Las comitivas que entran y salen de La Habana son vox populi. La romería no es sólo de políticos, también académicos y periodistas. Aunque se dice que la bitácora incluye otras visitas de ONG “farianas” y hasta de narcoterroristas internacionales. El itinerario es tan exigente que parece operar una oficina de relaciones públicas, sin que ninguna voz –a no ser la del Procurador– advirtiera el descaro. Habría que constatar los avales para saber quién más viajó sin autorización presidencial, para que la justicia y el Ministerio Público resuelvan. Dejar impune es admitir una arbitrariedad: unos voceros de “primera” a quienes se otorga pergaminos y otros de “segunda” que reciben autos de detención.
 
Sorprenden las declaraciones del Fiscal, quien sostuvo que "no es delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente”. Entre otras razones porque no ha sido el común denominador en estos casos. En el proceso del precandidato presidencial, Luis Alfredo Ramos, es evidente el doble rasero. Si reconoció su encuentro con “Ernesto Báez” en 2004 ¿por qué la Corte dictó medida de aseguramiento para oírlo en indagatoria, a sabiendas de su solicitud –durante 3 años– para que lo escuchara en versión libre?

El contexto de los hechos prácticamente absuelve a Ramos. Desde 2004 el Gobierno legitimó el proceso con las AUC y reconoció como representantes a 3 de ellos, incluido Iván Roberto Duque. Por tanto, no había órdenes de captura en su contra, podían movilizarse y ofrecer audiencias con un salvo conducto que, en el caso de Ramos fue público y con testigos. No mediaba una elección en la que estuviera inscrito, por tanto no puede argumentarse un posible concierto para delinquir. Su postulación a la Gobernación de Antioquia fue en 2007, cuando las AUC se habían desmovilizado.
 
¿Qué hay tras interpretaciones, no exentas de sesgos políticos, para el “concierto para delinquir”? Se enloda con testimonios vindicativos el buen nombre de personalidades que, curiosamente, están del otro lado de las posiciones políticas de los nuevos mejores amigos del Gobierno. El caso de Ramos tiene tinte político, como el de otros de la “parapolítica, que no se conduelen con el ocultamiento de la “farcpolítica” que se pavonea en Cuba. La Corte tiene oportunidad para corregir de cara a las elecciones 2014.
 
 @jflafaurie