Por un confuso incidente en el que seis personas murieron en un bar nocturno de Bogotá,  el Ministro del Interior, Aurelio Iragorri expidió una circular en donde da un plazo de un mes a los alcaldes municipales para controlar a estos establecimientos a los que calificó de trampas mortales y evasores de impuestos. También incluyó en su exigencia que la Policía Nacional acompañe los operativos.

El pasado fin de semana, la Policía Nacional selló 1.642 establecimientos nocturnos en Bogotá, por no cumplir con normas de seguridad.

En Valledupar no hay un informe sobre el tema, sin embargo varios alcaldes del Cesar fueron consultados por EL PILÓN, acerca de esta problemática que afecta a la comunidad y los ingresos del Departamento por concepto de impuestos.

“Algunos de los establecimientos en Curumaní no cumplen con las normas. Muchos vienen funcionando hace muchos años y no vienen con el cumplimiento del ordenamiento territorial, estamos haciendo un ajuste del POT, para garantizar que se cumplan las reglas del espacio y haremos reubicaciones, porque algunos están en zonas residenciales”, dijo Henry Chacón, alcalde de Curumaní.

Luis Alberto Murgas, alcalde de El Paso, dijo que el corregimiento de La Loma es  el que más incide en la problemática. “Ahí hemos entrado a cerrar establecimientos independientemente  de la orden que acaba de dar el Ministerio del Interior. Nosotros hemos tratado de cerrar varios de esos establecimientos, hemos hecho operativos con la policía”.

Los alcaldes aseguraron que realizan controles, y afirmaron que hacen revisiones de sus esquemas o planes de ordenamiento territorial, factor fundamental que daría solución al tema; muchos de los establecimientos nocturnos abiertos al público, violan principalmente la norma del uso del suelo.

Freddys Socarrás Reales, alcalde de Valledupar, dijo que en la ciudad ya se había empezado a hacer esa tarea desde hace algunos meses y que se han cerrado establecimientos. “Hemos estado haciendo visitas en las noches para verificar que los establecimientos cumplan con las normas”. 

El mandatario aclaró que no es cierto que no se hayan hecho controles obedeciendo a evitarse costos  políticos, con medidas antipopulares, teniendo en cuenta que el número de establecimientos en la capital del Cesar, que viola las normas, es considerable.

“No tenemos nada que ver con eso. Nosotros estamos gobernando para el bien común y no para los intereses politiqueros, vicios del pasado”, dijo Socarrás Reales.

Por Andrés Llamas Nova 

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