a formulación de los planes de desarrollo territoriales y la puesta en marcha de las acciones allí plasmadas es sin duda, el elemento cohesionador de mayor impacto en las nuevas administraciones durante el primer año de gobierno. Sin preguntarse si las promesas de campaña se incluyeron en el documento de política pública más importante del momento, la comunidad asume que todo está bien y de esta manera fortalecen la esperanza ante la honrada satisfacción de haber ayudado a elegir al gobernante que faltaba para hacer la diferencia.

Diagnosticar los problemas que expusieron en campaña, proponer soluciones que discutieron en la misma, concertar los objetivos y metas con los representantes de las comunidades, formalizar ante la Asamblea o ante los concejos municipales el Plan de Desarrollo y poner en marcha la maquinaria para ejecutar lo prometido es en resumen lo que se hizo en 2011.

Sin embargo, ya pasó el primer año y las ejecuciones no se muestran. Algo está fallando en el esquema tan pregonado en las campañas, en las cuales cada candidato hacía gala de conocer no solo los problemas de la gente y del territorio, sino también el funcionamiento de la institucionalidad pública, porque son más las excusas que los resultados visibles.

Los vallenatos y cesarenses al parecer se han acostumbrado a tener gobiernos ineficaces porque no hay consecuencias disciplinarias por incumplir los planes de desarrollo, y no se utilizan los mecanismos de participación ciudadana para exigir respeto por lo prometido, porque son considerados como la puerta de entrada para convertirse en enemigo político del mandatario de turno.
 
¿Cómo saber del cumplimento de metas de los planes de desarrollo si los representantes de la sociedad investidos en concejos municipales y asambleas departamentales dedican su tiempo a los temas de moda, olvidándose que son la ‘junta directiva’ del mandatario y tienen poder suficiente para llamarlo a rendir cuentas? ¿Qué se hicieron los Consejos Territoriales de Planeación, que con su concurso se aprobaron los planes de desarrollo y que tienen la obligación legal de hacerle seguimiento semestral?

En el Cesar los esquemas de ejecución y seguimiento a los planes de desarrollo territorial caminan de la mano, ocultándose para no mostrar cifras y mucho menos impactos. La sociedad civil y los medios de comunicación como veedores naturales de los gobiernos, necesitan saber que está pasando con la calidad de vida de la población, si los recursos invertidos han sido eficaces y si las metas anuales se están cumpliendo; conocer de manera objetiva qué clase de administradores territoriales se tienen por razones de moralidad y transparencia. Cómo van los avances de las metas de salud, educación, vivienda, servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico y social.

Para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional realiza inversiones en el territorio, pero estas inversiones no son de las alcaldías ni de la Gobernación, por lo tanto no es cierto ni honesto apropiarse de logros ajenos para cubrir las incapacidades propias. ¿Será que a los alcaldes del Cesar y su gobernador sólo les interesa mostrar imágenes de obras muy bien diseñadas en el photoshop (programa utilizado para armar, editar, componer, retocar y transformar imágenes), que desde el comienzo de sus gobiernos las han prometido y no las han ejecutado?