Manifestantes marcharon por Valledupar como protesta por una supuesta suspensión de ayudas humanitarias económicas para los desplazados por la violencia y el desplazamiento.
Más de 30 personas, hombre y mujeres de Valledupar, y de poblaciones rurales, marcharon por las calles de la ciudad como protesta a una supuesta suspensión de ayudas que habría entrado en vigencia, y que les quitaría el auxilio económico del que gozan desde hace varios años.
Los manifestantes hablan de un decreto que pretende suspender las ayudas humanitarias a las víctimas de la violencia que completaron 10 años en esa condición desfavorable y que el Estado indica que estarían en una época estabilizada, según las afirmaciones de Célides Márquez, representante de Colombia de Desplazados.
Márquez manifestó que la protesta pacífica en Valledupar, obedece a las que ha llamado políticas injustas con la población desplazada.
“Hoy se sacó el decreto 4800 donde a las víctimas del desplazamiento forzado que hayan cumplido 10 años le suspendan las ayudas humanitarias, si a ti te mataron los paras a tu familia y a tus hijos, luego de 10 años todo está superado. Eso traerá una crisis humanitaria bárbara”, dijo.
En cuanto a este particular, hasta la fecha solo hay publicación en la página web de la Corte Constitucional que indica: Decreto 4800 DE 2011- El Gobierno reglamentó los mecanismos para la implementación del programa masivo de asistencia, atención y reparación a las víctimas creado por la Ley 1448 de 2011.
Acerca de este hecho sucedido en las calles de Valledupar, el personero Municipal, Alfonso Campo Martínez aseguró que su despacho viene cumpliendo la Ley 1441 o Ley de Víctimas.
“Hemos venido haciendo la toma de declaraciones en Valledupar y en los distintos corregimientos de acuerdo con las solicitudes que la misma población ha venido haciendo a la Personería”.
En cuanto a la supuesta suspensión de las ayudas, según lo manifestado por este grupo de víctimas de la violencia, el Ministerio Público, aseguró que se están analizando unas decisiones de la Corte Constitucional al respecto, puesto que estos beneficios se entregarán durante 10 años.
Por Andrés Llamas Nova
[email protected]
Manifestantes marcharon por Valledupar como protesta por una supuesta suspensión de ayudas humanitarias económicas para los desplazados por la violencia y el desplazamiento.
Más de 30 personas, hombre y mujeres de Valledupar, y de poblaciones rurales, marcharon por las calles de la ciudad como protesta a una supuesta suspensión de ayudas que habría entrado en vigencia, y que les quitaría el auxilio económico del que gozan desde hace varios años.
Los manifestantes hablan de un decreto que pretende suspender las ayudas humanitarias a las víctimas de la violencia que completaron 10 años en esa condición desfavorable y que el Estado indica que estarían en una época estabilizada, según las afirmaciones de Célides Márquez, representante de Colombia de Desplazados.
Márquez manifestó que la protesta pacífica en Valledupar, obedece a las que ha llamado políticas injustas con la población desplazada.
“Hoy se sacó el decreto 4800 donde a las víctimas del desplazamiento forzado que hayan cumplido 10 años le suspendan las ayudas humanitarias, si a ti te mataron los paras a tu familia y a tus hijos, luego de 10 años todo está superado. Eso traerá una crisis humanitaria bárbara”, dijo.
En cuanto a este particular, hasta la fecha solo hay publicación en la página web de la Corte Constitucional que indica: Decreto 4800 DE 2011- El Gobierno reglamentó los mecanismos para la implementación del programa masivo de asistencia, atención y reparación a las víctimas creado por la Ley 1448 de 2011.
Acerca de este hecho sucedido en las calles de Valledupar, el personero Municipal, Alfonso Campo Martínez aseguró que su despacho viene cumpliendo la Ley 1441 o Ley de Víctimas.
“Hemos venido haciendo la toma de declaraciones en Valledupar y en los distintos corregimientos de acuerdo con las solicitudes que la misma población ha venido haciendo a la Personería”.
En cuanto a la supuesta suspensión de las ayudas, según lo manifestado por este grupo de víctimas de la violencia, el Ministerio Público, aseguró que se están analizando unas decisiones de la Corte Constitucional al respecto, puesto que estos beneficios se entregarán durante 10 años.
Por Andrés Llamas Nova
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