Por Indalecio Dangond Baquero

Sin duda alguna el siglo XXI es el siglo de las  energías renovables, aunque a los protagonistas del siglo XX no les guste. La alianza entre la genialidad de los científicos, el respaldo de las administraciones públicas y la determinación del sector empresarial han impulsado grandes proyectos en el mundo con energía eólica, fotovoltaica, termosolar y con los biocombustibles.

Estados Unidos y Brasil se han convertido en los mayores productores de biocombustibles en el mundo, seguidos por Europa, Argentina y el gran continente Asiático.

Al igual que Chile, nuestro país comenzó a seguir esta misma línea y en el 2004, el Gobierno del expresidente Alvaro Uribe creó el marco regulatorio (Ley 939/2004) para promover la producción y el uso de los biocombustibles como una alternativa de diversificación de la canasta energética y una fuente de energía renovable que disminuyera las emisiones de CO2 para ayudar en la lucha contra el cambio climático y generara empleo rural en las zonas apartadas del país.

Fue así, como el Gobierno Nacional conjuntamente con algunas agencias de cooperación internacional y los empresarios de la palma de aceite del país, encontraron la gran oportunidad de sustituir cultivos ilícitos por cultivos de palma de aceite en corredores geográficos donde antes campeaba el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Los resultados hablan por sí solos. En los últimos ocho años se han logrado desarrollar 250.000 nuevas hectáreas de palma de aceite, muchas de ellas en alianza con pequeños y medianos campesinos en las zonas del Catatumbo, Magdalena Medio, Sur de Bolivar, Tumaco, Urabá y la Altillanura. Es decir, en esas regiones sustituyeron droga, violencia, miseria y armas por energía limpia, empleos rurales y reactivación económica.

De la producción nacional de aceite (Un millón de toneladas/año) el 50% se utiliza para producir biodiesel y el 50% restante para aceites comestibles y otros usos.

Lamentablemente en este país existe una miopía política y una mafia de corruptos quienes -con tal de proteger sus intereses económicos particulares- obstaculizan los grandes programas de desarrollo de beneficio  general.

Hasta han encontrado eco en los más importantes medios de comunicación del país y en las altas esferas del poder público para vilipendiar y acabar con el programa de los biocombustibles. Hasta los paros han sido una amenaza para este sector.

Los 47 dias que cumple el del Catatumbo, ha afectado a 1.900 familias campesinas que cultivan 20.000 hectáreas de palma, porque se les pudrieron 38.000 toneladas de frutos que tenian un valor en el mercado de 14 mil millones de pesos. ¿Quién responde por esta enorme pérdida? Habría que preguntárselo a los congresistas Jorge Enrique Robledo e Ivan Cepeda, al periodista Alfredo Molano y a Piedad Córdoba.

Pero la amenaza más grande, aunque parezca un chiste, proviene de la falta de compromiso y definiciones claras del actual Gobierno en cabeza del Presidente de la República y los tres ministros de Minas y Energía que ha tenido.

Ellos han incumplido los compromisos acordados con el sector en materia de desarrollo e incremento de las mezclas de los biocombustibles (Biodiesel y Etanol) y han propiciado una inestabilidad permanente frente a las demás condiciones para garantizar la estabilidad de un negocio que ha tenido inversiones superiores a los 1.300 millones de dólares.

Los biocombustibles en el mundo solo existen cuando hay políticas claras y apoyo decidido de los gobiernos. Es en este sector, donde están las verdaderas soluciones al proceso de paz y al problema del narcotráfico en Colombia. Aprovéchelo Presidente!

P/D: Están los políticos y los yuppies del gobierno en una rapiña por el Banco Agrario, veo repetir la historia de la extinta Caja Agraria. Que horror!