Por Andrés Llamas Nova
andré[email protected]

El predio por donde atravesaba una calle en el norte de la ciudad, ubicado entre la glorieta de La Pilonera Mayor y la avenida al Rincón, es propiedad privada y por consiguiente es legal el cierre que hicieron los propietarios del mismo, aduciendo una deuda que el Municipio tiene con ellos.

Asi lo manifestó la Contraloría Municipal en un análisis que incluye la visita de inspección realizada al lugar el pasado 2 de julio y en el que se pudo identificar que pese a que durante años, la comunidad ha utilizado la calle, son los propietarios del predio Patricia Céspedes y Arturo Monsalvo Villazón quienes haciendo uso de su derecho cerraron este corredor.

Sin embargo, la Contralora Municipal Mercedes Vásquez, resaltó que aunque es legal el cerramiento, eventualmente los propietarios tendrán que hacer entrega al Municipio de un área de cesión en el lugar que correspondería a una calle finalmente.

“Hicieron el encerramiento con fundamento en una licencia urbanística que solicitaron aportando a ella la correspondiente escritura pública que determina que son propietarios del terreno por donde pasa la vía. Licencia que fue otorgada por el Curador Urbano número 2 de Valledupar”, dijo la Contralora.

Agregó que la vía que atraviesa el predio, está debidamente trazada en el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar y  que esta porción del terreno debió ser comprada por el Municipio en su momento.

Expropiación del predio donde está La Pilonera Mayor

Según lo analizado por la Contraloría, el tema de la expropiación del predio donde ha sido construida la glorieta y el monumento La Pilonera Mayor, ha sido intervenido y prolongado por varias acciones judiciales que determinaron en 2005, el inicio de ese proceso  a los propietarios.

“Los propietarios han demandado el pago al Municipio del valor otorgado a través de la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito, luego de eso se hizo un acuerdo de pago, se pudo constatar, que mediante cuotas el Municipio se comprometió a pagar a Patricia Céspedes el valor del 75% y a Arturo Monsalvo Villazón, el 25%”, dijo la Contralora.

Una indemnización debe hacerse a favor de los propietarios del predio por parte del Municipio lo que hasta el momento ha pasado por diferentes sucesos judiciales y que ha llegado hasta el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá y que al final desencadenó el cierre del otro predio por donde pasa la calle antes mencionada.