La semana que acaba de pasar estuvo saturada de anuncios hacia un sector de la población, como son los jóvenes. Las instituciones y entidades públicas, cada una por su lado, como bailando ritmos diferentes, se mostraron desesperadas por publicar resultados. ¿Cuál es el afán desmedido de visibilizar? ¿Acaso están caídos en los indicadores y ahora quieren hacer todo a la carrera? ¿Todo eso son solo anuncios?

Mientras por un lado la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Valledupar anunciaba talleres educativos en colegios oficiales como reacción al aumento de la violencia escolar y discriminación (matoneo), y clausuraba el programa ‘Jóvenes a lo Bien’, que hizo en alianza con el Centro de Aprendizaje del SENA y la Policía Nacional para orientar jóvenes de sectores vulnerables en formación complementaria y técnica que les permita tener una vida útil a la sociedad; por otra parte, la Contraloría Municipal anunció el acompañamiento a denuncias de rectores sobre microtráfico y explotación sexual en instituciones educativas de la capital cesarense. Ni qué decir del Gobierno Departamental que en esta misma semana también anunció el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con el acompañamiento del programa presidencial Colombia Joven en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil -Ley 1622 del 29 de abril de 2013-.

Es cierto que todos estos anuncios son oportunos, siempre y cuando se encuentren inmersos en la respectiva planificación previamente establecida. Pero lo curioso del asunto es que en una semana aparece como si fuera un hecho trascendental que coincidencialmente involucró en el mismo periodo de tiempo a distintas entidades comprometidas con temas que no son nuevos para la sociedad. El matoneo, la violencia, la discriminación y el microtráfico en los colegios, la falta de oportunidad en los sectores vulnerables, la ejecución de políticas nacionales en el territorio cesarense, existen desde hace rato, no es un tema nuevo.

Por eso llama la atención que las distintas actividades que por etapas debieron realizar desde hace tiempo de manera coherente y secuencial, ahora pretenden de un solo tajo mostrar como una gestión que no tiene resultados concretos. Por consiguiente, se hizo visible el afán de publicitar hechos que no corresponden a la realidad de la planificación con la que se debe atacar una problemática tan grave en el orden social como las que atañen a la juventud local y departamental. Solamente con observar la gestión de otros departamentos y municipios del país, se demuestra el retraso de dichas políticas en la jurisdicción del Cesar por parte de unas entidades, las que infortunadamente de manera precaria y apresurada ejecutan, sin coordinación y criterios de unidad para garantizar acciones eficaces a esas problemáticas, y otras ni siquiera tienen resultados concretos, constituyéndose todo ello en agravantes dentro de los propósitos del Estado Social de Derecho.

Del afán y la carrera desmedida nace el cansancio, por ende las omisiones, la culpa grave y el dolo en el sector público, cuando los términos han superado el tiempo para ejecutar las acciones institucionales, se ponen a la orden del día al contratar con terceros que llegan como ‘salvadores’ para atender dicho problema y que de paso también traen bajo la manga sus propios intereses. Finalmente, los platos rotos de esta situación, los paga toda la sociedad con la descomposición social que afecta al país.