Por Pepe Morón/ [email protected]

Cansada de ver a su hijo Diego de 22 años entregado al consumo de marihuana, bazuco y cocaína; Zulma Martínez* decidió aceptar la invitación de su hermana Marina y acudió a una iglesia cristiana evangélica llamada Templo del Salvador ubicada en el barrio Doce de Octubre de Valledupar.

Allí conoció al pastor Miguel quien le indicó que el único camino para sacar a su hijo del mundo de las drogas era que se lo entregara a Cristo. Con ese fin, había que internarlo en un centro de rehabilitación llamado Refugio Divino, un lugar que trabajaba bajo el precepto de entidad cristiana y que servía como centro de rehabilitación para drogadictos de la capital del Cesar. 

Aunque no  fue fácil para ella conseguir los $600.000 que le cobraron por recibir al menor, la madre se dio a la tarea y con la ayuda de su hermana, logró juntar el dinero. Cifra que para ella, significaba todo un mes de trabajo. 

Con el paso de los días, Zulma se empezó a preocupar porque no era fácil hablar con su hijo y mucho menos visitarlo. Algo que levantaba sospechas en  la madre de Diego Amando, el joven internado en el centro Refugio Divino, quien además de ser su hijo, era su compañero de trabajo. Esta mujer, madre soltera, tiene además una hija llamada Daniela de 6 años.

Inconforme con las respuestas sin sentido que le daban en el centro de rehabilitación donde estaba su hijo, la madre desesperada, buscaba una explicación a esa supuesta solución que se le había convertido en un problema mayor. En ese camino se encontró con otros familiares que estaban pasando por la misma situación y decidieron por la fuerza, sacar a sus familiares de ese lugar.  De este incidente ya transcurrieron siete meses. 

Hace unos días, EL PILÓN  entrevistó a Diego quien contó que  durante su estadía en este centro sufrió toda clase de abusos y malos tratos. Al parecer, además de las condiciones de hacinamiento a las que eran sometidos los internos, también eran amarrados, golpeados y amenazados constantemente, todo para evitar que comentaran lo que allí ocurría.   

Por si fuera poco, Diego comentó que en este lugar había menores de edad que estaban mezclados con los mayores y que esto se prestaba para el irrespeto entre los mismos internos que, muchas veces, abusaban de los más chicos. 

La secretaria de Salud y los centros piratas 

A nivel municipal, la Secretaría de Salud no maneja una estadística o una base de datos de los centros que se encargan de la rehabilitación a personas que están en tratamiento por el consumo de estupefacientes. Este hecho complica la tarea de las autoridades que intentan controlar estos sitios.

Según la Secretaría departamental de Salud,  los centros habilitados, están en la base de datos disponible en internet y contiene a todos los centros médicos y profesionales independientes que trabajan en el área de la salud en general y que cuentan con el aval de esta entidad. 

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios, bajo el rubro de Centro en tratamiento y diagnóstico en drogadicción solo están dos que son la Casa ‘Vida Nueva’ y el centro Sión. También están las fundaciones legalmente constituidas ante esta secretaría como la Fundación La Roca y la Fundación Emanuel, que suman un total de cuatro instituciones.

Hernán Maya Cadavid, Secretario de Salud del Cesar, explicó que algunos  centros de dudosa procedencia se llevan a cabo procesos que no pueden llamarse médicos porque entre otras cosas no cuentan con personal del área de la salud. Al menos en la Secretaría no reposan  sus hojas de vida, ni certificaciones laborales que garanticen su idoneidad para desempeñarse en estos lugares. 

Según el secretario, en estos casos irregulares, no se cuenta con un médico que firme las recetas. Con ello aclara que para tratar esta enfermedad es necesario suministrar medicamentos de control y de uso restringidos que, aun sin autorización están siendo aplicados a ciertos  pacientes. 

Por otra parte, según información entregada por la Secretaría de Salud, para que un centro de esta índole funcione dentro de la ley, es necesario que cumpla con una serie de requisitos ineludibles: 

• Contar con un equipo de psicólogos para tratar al paciente y sus familiares. (en caso de hacer tratamientos completos este equipo debe contar con un psiquiatra)
•  Tener personal calificado para el trato con este tipo de pacientes. Presentar ante la Secretaría la constancia u certificación de los médicos, psicólogos, enfermeras, auxiliares y cualquier empleado que intervenga en el tratamiento. 
• Tener las instalaciones requeridas y necesarias para poder cumplir con la terapia: dormitorios completos y limpios, áreas de integración y esparcimiento, consultorio médico, baños en condiciones favorables y que respondan a la cantidad de internos en estos centros.
•  Llenar los formularios requeridos y tramitar las licencias correspondientes ante la secretaría de Salud departamental. 

Estafas con el evangelio como excusa  

Una denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en el centro Genezaret ubicado en la Cra 34 # 18 BIS -1 del barrio Francisco de Paula, puso en alerta a la Secretaría de Salud departamental que de inmediato ordenó una visita de inspección, vigilancia y control al sitio.

Este lugar, cerrado  días atrás, funcionaba como  centro de rehabilitación que se vendía al público como una entidad completa y legalmente constituida. Lejos de la realidad que no solo pasaba por la ilegalidad de no tener el aval de la secretaría sino que además mantenía a los internos en condiciones lamentables y de tortura constante. Estos  hechos reposan en la mencionada denuncia interpuesta por uno de los pacientes, quien además informó que por lo menos, cuatro menores de edad están pasando por lo mismo que el pasó.         

El ICBF y los menores victimas

Acerca de la situación del  Centro Genezaret EL PILON consultó al director del ICBF regional Cesar, Alberto Esmeral, quien  dijo que 
tuvo conocimiento de esta situación por una madre de familia que habló a través de un canal de televisión local. La señora manifestó a la opinión pública que su hijo fue sometido a tratos crueles y degradantes a los que el director llamó torturas. 

Acto seguido, la fiscalía 22 recibió una denuncia de lo que estaba ocurriendo ahí y que además, habían adolecentes involucrados; por eso el ICBF ordenó el traslado de persona al lugar para que verificara la situación real. Fue ahí donde descubrieron que un total de siete  menores, estaban dentro de los internos en supuesto camino de rehabilitación.   

Según el funcionario, en este centro, estaban juntos menores con mayores y lo más delicado es que dos de estos jóvenes presentaban señales de abuso sexual. 

Por otra parte, el Director del ICBF dijo que las entidades de que hacen este tipo de procedimiento aplican algo llamado teoterapia; basándose en la fe y en instrucciones extraídas de la biblia que carecen de sustento científico o legal y además no tienen el equipo humano especializado para tratar esta enfermedad. 

Un psiquiatra que acompañó el proceso del caso en mención, quien pidió no mencionar su nombre, dijo que no se estaban cumpliendo con los protocolos para cada paciente y que no brindaban calidad en el proceso, por tal razón, luego de evaluar las patologías de cada paciente, estableció que  tenían que ser trasladados de manera inmediata al Hospital Rosario Pumarejo de López y a la ESE de referencia de la sectorial.
 
Por su parte, en referencia a este caso, el Secretario de Salud Maya Cadavid, expresó que la sectorial tiene el deber de velar por los derechos de salud de las personas y que en este caso encontraron una institución que además de no contar con los requisitos exigidos por la ley, ponía en situación de riesgo la salud de los pacientes que allí se encontraban y se vieron en la obligación de rescatarlos.

Según información suministrada por un medio de comunicación radial, hay otros centros que son investigados por actitudes y comportamientos similares. Entre ellos se encuentra Teo Terapia Cristiana, Emanuel Refugio Divino y el Centro Refugio de Dios. 

Lo que preocupa a las autoridades de Valledupar es que aunque hay denuncias públicas no hay denuncias establecidas ante la Fiscalía, lo que dificulta proceder de manera correcta.