En junio se cumplirá un año del primer y único desalojo masivo realizado en Valledupar por la administración municipal.
Por Andrés Llamas Nova
La Procuraduría Regional del Cesar resolvió abrir indagación preliminar al alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales, por no acatar la orden del Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, cuando el pasado 20 de junio inició el desalojo de más de 500 familias habitantes de la invasión Los Ciruelos.
La orden de la Procuraduría también cobija a quien al momento del desalojo era la Inspectora Primera de Policía Urbana, Emilse López; la orden del Juzgado era determinar si los invasores eran beneficiarios de ayuda humanitaria, establecer censo y provisionar los albergues en dónde ubicar a estas personas que habitaban un lote de propiedad privada.
La queja fue elevada a la Procuraduría General por Orlando Cruz, abogado y apoderado de varias familias invasoras que, luego de ser desalojadas, invadieron la plaza Alfonso López de Valledupar.
La resolución de la Procuraduría Regional del Cesar, ordena solicitarle al Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar la copia autenticada del documento, mediante el cual se ordenó tutelar el derecho constitucional a la dignidad humana de los invasores, y al alcalde Socarrás Reales, argumentar bajo qué circunstancia se ordenó el desalojo.
El documento enviado al Procurador General Alejandro Ordoñez por parte del abogado Orlando Cruz, asegura que las familias habitantes del barrio subnormal o invasión Los Ciruelos, son, en su mayoría, desplazados por la violencia y vulnerables, personas de un trato especial de acuerdo con la Corte Constitucional. También asegura que el mandatario de Valledupar y la Inspectora, incurrieron en el delito de fraude a resolución judicial y prevaricato por acción.
EL PILÓN intentó comunicarse con el alcalde Socarrás para conocer su punto de vista acerca de la decisión de la Procuraduría, desencadenada por la queja del abogado Cruz; sin embargo no fue posible.
Se desconoce el paradero de las familias que habrían invadido los predios en mención y que fueron desalojadas; según algunos líderes comunitarios, algunas de estas personas ocuparon otras invasiones, salieron de Valledupar o establecieron residencia donde familiares.
En junio se cumplirá un año del primer y único desalojo masivo realizado en Valledupar por la administración municipal.
Por Andrés Llamas Nova
La Procuraduría Regional del Cesar resolvió abrir indagación preliminar al alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales, por no acatar la orden del Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, cuando el pasado 20 de junio inició el desalojo de más de 500 familias habitantes de la invasión Los Ciruelos.
La orden de la Procuraduría también cobija a quien al momento del desalojo era la Inspectora Primera de Policía Urbana, Emilse López; la orden del Juzgado era determinar si los invasores eran beneficiarios de ayuda humanitaria, establecer censo y provisionar los albergues en dónde ubicar a estas personas que habitaban un lote de propiedad privada.
La queja fue elevada a la Procuraduría General por Orlando Cruz, abogado y apoderado de varias familias invasoras que, luego de ser desalojadas, invadieron la plaza Alfonso López de Valledupar.
La resolución de la Procuraduría Regional del Cesar, ordena solicitarle al Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar la copia autenticada del documento, mediante el cual se ordenó tutelar el derecho constitucional a la dignidad humana de los invasores, y al alcalde Socarrás Reales, argumentar bajo qué circunstancia se ordenó el desalojo.
El documento enviado al Procurador General Alejandro Ordoñez por parte del abogado Orlando Cruz, asegura que las familias habitantes del barrio subnormal o invasión Los Ciruelos, son, en su mayoría, desplazados por la violencia y vulnerables, personas de un trato especial de acuerdo con la Corte Constitucional. También asegura que el mandatario de Valledupar y la Inspectora, incurrieron en el delito de fraude a resolución judicial y prevaricato por acción.
EL PILÓN intentó comunicarse con el alcalde Socarrás para conocer su punto de vista acerca de la decisión de la Procuraduría, desencadenada por la queja del abogado Cruz; sin embargo no fue posible.
Se desconoce el paradero de las familias que habrían invadido los predios en mención y que fueron desalojadas; según algunos líderes comunitarios, algunas de estas personas ocuparon otras invasiones, salieron de Valledupar o establecieron residencia donde familiares.