Por: Rodolfo Quintero Romero    

El acceso al agua potable es un derecho humano. No es un regalo de los gobernantes. Todos, léase bien, TODOS tenemos derecho al agua como un bien básico para una vida digna. Sin embargo,en el Cesar solo los vallenatos disfrutan de este servicio, aunque en precarias condiciones.

Una de las medidas para superar las desigualdades es garantizar a toda la población los servicios públicos de luz, agua, alcantarillado y aseo. Pero aquí es al contrario. La nivelación es por lo bajo. Todos los barrios están padeciendo el racionamiento de agua. Por fin somos iguales.

El problema no es ecológico. No tenemos dificultades, por ahora, con el caudal del río Guatapurí. Otra cosa es que Corpocesar no cumpla con su obligación de ordenar la cuenca y poner en cintura a los agricultores, ganaderos y diversos usuarios que, sin permisos de concesión y sin pagar tasas de uso, aprovechan el agua del Río. Allí cada quien hace lo que quiere y lo que puede.

El verdadero escollo son las barreras técnicas y operativas del sistema de acueducto heredadas de otras alcaldías que convirtieron a Emdupar en una cueva de ladrones. La nueva administración, poco a poco, las va superando pero el ritmo debe ser aún mayor. La gente está perdiendo la paciencia con sobrada razón. Falta más transparencia y diálogo con las comunidades.

Tratamos el triple del agua que requerimos. ¿Por qué no se captura a los ladrones de agua potable que, según Emdupar, todos los días salen a venderla a otros municipios y corregimientos? ¿Dónde está la policía que no los ve pasar por sus narices? ¿Por qué no negocia directamente la Empresa con los alcaldes? Ya tendríamos los $3.000 millones que se necesitan para reemplazar los filtros dañados de la planta “La Guaricha”.

La crisis no la va a solucionar el gobierno municipal actuando solo. El tema es complejo. La comunidad debe acompañarlo en la ejecución de un plan de trabajo, con cronograma, que garantice la llegada del agua a todos los hogares. El Gobernador debe también involucrarse ya que en Valledupar vive casi el 50% de la población del Cesar.

El gobierno nacional tampoco puede ser indiferente. Durante el Festival, se le pidió públicamente al presidente Santos $150 mil millones, para reemplazar las redesde acueducto y alcantarillado de las calles por donde va a transitar el sistema de transporte masivo. No dijo ni mú. Hay que insistirle.

Todos tenemos algún grado de responsabilidad en esta crisis. Es hora de que el Concejo Municipal convoque a líderes barriales, sindicales y del sector privado a un gran debate sobre el agua y a conformar una veeduría cívico-empresarial que acompañe a Emdupar en su gestión.