La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno un informe detallado sobre los hechos que rodearon la muerte de la defensora de derechos humanos, Ana Angélica Bello Agudelo, en hechos registrados el pasado 16 de febrero en el municipio de Codazzi, Cesar.

Para el alto tribunal no es suficiente el informe preliminar que entregaron las autoridades sobre el posible suicidio de la defensora y solicitó a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, y a la Unidad Nacional de Protección información sobre las gestiones que adelantaron a favor de Bello Agudelo.

Según se conoció, días antes de su muerte la defensora de Derechos Humanos había hecho solicitudes de reubicación, por lo que no descartan que se haya tratado de un asesinato.

Además la Corte pidió un informe completo sobre las actividades destinadas a la protección de las personas que conforman el grupo familiar de la líder de la Fundación Nacional de Defensores de Derechos  Humanos de la Mujer.

Sin embargo, el coronel Juan Pablo Guerrero Vallejo, Comandante de la Policía en el departamento del Cesar, el día siguiente de los hechos insistió en que la defensora de Derechos Humanos se suicidó.  

“La información preliminar es que ella consumió licor, regresó a la casa y como tenía esquema de seguridad uno de los escoltas dejó el arma y está fue la que utilizó para quitarse la vida”, dijo el oficial.