La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el sargento segundo Robinson Moreno Valderrama y los soldados profesionales Sady Noel  Galván Anaya y  Alejandro Javier Díaz Vega, por presuntamente haber matado a un indígena, el 3 de septiembre de 2008, en el sur de La Guajira.

El 15 de septiembre de 2008, la Defensoría del Pueblo seccional Cesar, informó a la Procuraduría que integrantes del Ejército, quienes para la época de los hechos pertenecían al Grupo Mecanizado Número 2 ‘Coronel Juan José Rondón’, habrían incurrido en posibles irregularidades al haber dado muerte a un joven de la etnia kankuama  que salió de su casa a buscar trabajo, el 2 de septiembre de ese año.

Dentro de la investigación hay pruebas que comprometen la responsabilidad de los uniformados que adelantaban la operación militar y que indican que los investigados habrían incumplido el deber de garantizar el goce de los derechos inherentes a la dignidad de la víctima y abstenerse de realizar cualquier acto que los vulnerara.

En sus declaraciones, los uniformados señalaron que el resultado de la operación militar sobre el sector de Piñoncito, en el municipio de Jagua del Pilar, La Guajira, fue la muerte de un civil como consecuencia de un ataque por parte del Ejército, que justificó su reacción. Sólo dos soldados involucrados en la muerte del ciudadano coincidieron en afirmar que dispararon contra él.

El Ministerio Público busca establecer si los militares incurrieron en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario por su posible responsabilidad en la muerte del indígena.