Por Imelda Daza Cotes

El extractivismo desbordado que se observa en Latinoamérica no puede continuar, es irracional. Las explotaciones mineras a cielo abierto atentan contra la naturaleza y ponen en peligro la sobrevivencia de millones de habitantes. El desarrollo minero sostenible se sustenta en mitos. Vivimos en un planeta con recursos limitados, finitos y con una población y un consumismo que crecen infinitamente. Esa ecuación no tiene solución. La alternativa no es otra que la reducción del consumo de materia y energía si no queremos que el planeta colapse

En Colombia hay que frenar el holocausto ambiental que las voraces transnacionales y la irresponsabilidad social de sucesivos gobiernos vienen provocando. La locomotora minera es más bien una aplanadora que arrasa, contamina, saquea los recursos naturales y a la par, explota sin clemencia la escasa mano de obra que emplea

El costo ambiental y social de las explotaciones mineras es enorme, los efectos negativos son de tal cuantía que en realidad los proyectos mineros  sólo son económicamente viables cuando no existen controles ambientales, ni laborales, es decir, cuando las comunidades y los trabajadores afectados son silenciados, sus demandas no son atendidas y nadie asume la responsabilidad por el deterioro. Los beneficios económicos derivados de las explotaciones se logran entonces a costa del bienestar de los dueños de esos recursos que no son otros que los ciudadanos colombianos. Se habla con insistencia y con razón de la “maldición de los recursos naturales” y de Ecocidio generalizado

Después de 30 años de extracción intensiva de su carbón, La Guajira sigue siendo un departamento afectado por muchas carencias, la infraestructura de servicios es mínima y los conflictos sociales son múltiples; un 57,4% de los pobladores son pobres y el 28% vive en la miseria. La injusticia social es aberrante

La mina de carbón El Cerrejón operada por Carbones del Cerrejón Limited, propiedad de Anglo American, Xstrata-Glencore y BHP Biliton, tiene una historia marcada por un daño ambiental que se ve y se padece pero que no ha sido evaluado suficientemente; fuentes de agua y aire contaminados, pérdida de autonomía alimentaria, desplazamientos obligados, desarraigo, abusos, engaños y  atropellos flagrantes  contra muchos pobladores de La Guajira. La empresa ocupa unos 13 mil trabajadores, de los cuales sólo un 40% son directos, los demás son vinculados a través de terceras empresas (contratistas) con salarios más bajos y derechos laborales limitados

Los trabajadores directos organizados en SINTRACARBÒN vienen cuestionando las políticas de la empresa, no sólo en materia laboral sino en todas las áreas. Se han opuesto al proyecto de desviación del río Ranchería, han  exigido mayor responsabilidad social con las comunidades desplazadas y aplicación de métodos de operación que atenúen el daño ambiental y frenen los efectos sobre la salud de los habitantes de la región y de los trabajadores. Igualmente reclaman respeto para las comunidades ancestrales cuyos derechos elementales han sido conculcados, así mismo piden la vinculación directa  y respeto a los derechos de los llamados trabajadores “tercerizados”. Las peticiones del sindicato comprenden por supuesto mejoras salariales y en los servicios de salud. Durante más de 15 años los ajustes salariales han sido inferiores a la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Los costos laborales de la empresa son apenas del 6.5% del total de costos mientras la tasa de rentabilidad supera el 25%. Son muchos los trabajadores afectados por enfermedades laborales ocasionadas por las malas condiciones de trabajo, los riesgos profesionales son altos y no hay programas de medicina preventiva

Desde noviembre pasado el sindicato venía discutiendo con una Comisión Negociadora un pliego de peticiones. A pesar del interés de los representantes de los trabajadores por lograr acuerdos, la Comisión se mostró intransigente y eso obligó a los trabajadores a hacer uso del legítimo derecho a la huelga como mecanismo de protesta y de presión. A partir del jueves pasado paralizaron sus labores en la mina. Están en todo su derecho. Sus peticiones deben ser atendidas. Sus reclamos laborales, de respeto al medio ambiente y a los derechos del pueblo guajiro son  humana y socialmente legítimos, por eso  merecen todo el respaldo ciudadano. ¡Así se defiende la dignidad de un pueblo!