Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos decidió iniciar un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, sin acordar un cese del fuego, ambas partes, Estado y subversión, y el país, en general, sabían a lo que se exponían.
Un proceso en esas condiciones tiene una gran debilidad y es que el hostigamiento militar, de una parte, o el accionar de los frentes del grupo subversivo, de la otra, actúan como una espada de Damocles sobre el mismo. No obstante, ese fue el escenario escogido…
Pero no le hace bien al proceso la actitud de algunos frentes e integrantes de las FARC de realizar acciones demenciales que atentan contra la población civil, como ha sucedido en el Cauca, y en otras partes país. El llamado “paro armado” que por estos días realizan entre Chocó y Antioquia, son hechos que atentan contra el ciudadano común y corriente y que le crean un mal ambiente al proceso.
En aras del futuro del proceso de  paz,  la guerrilla bien podría asumir una actitud de defensa y replegarse un poco, como lo han hecho otras organizaciones similares en otros países. Esta organización, a la cual la dejó el tren de la historia y la modernidad, le debe apostar al proceso de negociación con sinceridad, sentido de patria y de futuro.
Pero, en el otro extremo, también están los grupos y personas armadas que quieren hacerle daño al proceso. Ahí hay organizaciones criminales, sujetos de la peor calaña que están dispuestos a prestarse a la realización de acciones demenciales y terroristas, con el fin de adjudicárselas a las FARC y dar al traste con el proceso.  Tanto el gobierno, como las FARC, y las llamadas fuerzas vivas del país deben estar muy atentas al accionar de estos enemigos agazapados del proceso de negociación.
Ahora bien, el gobierno nacional y las FARC han acordado aplazar por cuatro días el inicio de los diálogos, en esta segunda etapa. Este hecho ha sido mal presentado por algunos sectores, aduciendo con este aplazamiento esa guerrilla quiere dañar el proceso de negociación. Esta actitud y estas declaraciones por el simple aplazamiento tampoco le hacen bien el proceso.
Aunque consideramos que el gobierno es el representante de la sociedad civil; Juan Manuel Santos fue elegido con una gran legitimidad por más de nueve millones de colombianos, y que las personas designadas por el gobierno están allí en condiciones de voceros y representantes de la sociedad civil; si las FARC plantean una ampliación de esa representación de voceros de la sociedad civil, incluyendo a sectores sociales, al sindicalismo, al campesinado, a las regiones, etc, esto podría considerarse al iniciar esa segunda fase de las negociaciones y no debería interpretarse como un obstáculo más al proceso.
El  aplazamiento por cuatro días del inicio de las negociaciones y una mayor representación de la sociedad civil en las mismas, no se deben interpretar como palos en la rueda. Bien dice el adagio que “el que espera lo mucho, espera lo poco”.
Un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC bien vale la pena y significará, estamos seguros, un gran punto de inflexión en nuestra historia y un factor esencial que contribuirá a ampliar nuestro sistema político, a reorganizar nuestra economía y a buscar una sociedad más tolerante e igualitaria. Hay que darle tiempo al tiempo e insistir en apostarle al proceso de negociación que está en vísperas de iniciarse.