Por:Imelda Daza Cotes

Desesperada y confundida ante el implacable desahucio, una mujer española, de 53 años de edad, se tiró del cuarto piso de donde iba a ser expulsada por no pagar el crédito hipotecario de su apartamento. Ocurrió en Baracaldo-País Vasco. Fue necesario un tercer suicidio para que se diera alguna reacción y se hablara, al menos, de la urgencia de hacer algo. Se han sugerido moratorias, plazos transitorios y daciones de pago. Desde cuando estalló la crisis en 2008, se han propuesto varias reformas a los mercados financieros pero ninguna ha frenado la especulación ni la irracionalidad de un sistema que atropella a indefensos deudores y desajusta a la economía en general
El drama de los desalojos por impago de los créditos hipotecarios se repite en España cotidianamente, son cerca de 300 cada día. “Los bancos viven del sufrimiento de los ciudadanos”, dijo una de las víctimas. Los juzgados se han convertido en los cobradores de la gran banca acreedora. En el poder financiero reside ahora la soberanía. El poder real no está en manos de los políticos sino de los rapaces banqueros que no vacilan en desplazar gobernantes -ocurrió en Grecia, Italia y Portugal-, en dictar medidas exclusivas a su favor  y en someter a los pueblos a una austeridad que atenta contra la vida. Europa ha caido en el feudalismo financiero
¿Qué pasó? La banca española se endeudó en Frankfurt para financiar créditos hipotecarios; era el “boom” del turismo y de la construcción masiva. La oferta de viviendas era muy atractiva, sobrepasó todos los límites y muchas familias creyeron que había llegado la oportunidad de ser propietarias, de garantizar un techo y lograr la ansiada estabilidad. Las viviendas fueron sobrevaloradas, los precios eran artificial y  malvadamente caros pero a nadie le importó; ante las facilidades crediticias muchos se atrevieron, sin medir las consecuencias; los compradores se obnubilaron; “el ladrillo se revalora siempre” decían los vendedores. Las entidades gubernamentales de control y el Banco de España se daban cuenta pero miraban hacia otro lado mientras los políticos hacían “su agosto” autorizando las obras. La construcción generaba empleo, pero el fenómeno no podía perdurar, la economía del ladrillo no dio para más, la crisis estalló, el desempleo sorprendió a muchos y fue imposible seguir pagando los créditos. Lo fatal fue descubrir que no sólo perdían la vivienda sino que la deuda persistía, el compromiso era de por vida. Como si fuera poco los pequeños ahorradores veían disminuidos sus depósitos
Los bancos, cumplen desde luego, una función clave en el sistema económico, impulsan el comercio, financian a las empresas, promueven el ahorro y lo canalizan a la producción, pero todo esto es favorable siempre que existan reglas y controles  que impidan la especulación, el flujo desaforado de recursos, los fraudes y las trapisondas financieras que es lo que precisamente ha venido ocurriendo. La crisis actual es ante todo una crisis generada por el sistema financiero, por el “Poderoso caballero Don Dinero” como dijera Quevedo
Las poderosas instituciones financieras decidieron entonces endosar su problema al Estado y  este lo transfirió a los ciudadanos. La situación es muy similar en todo el sur de Europa. Los gobiernos se dedicaron a inyectar recursos a los bancos para evitar la quiebra; todo a costa del bienestar social. Los ciudadanos han tenido que soportar la reducción de salarios, la rebaja de pensiones, los despidos masivos, la pérdida de poder adquisitivo aupado por el incremento del IVA, los planes de ajuste,  es decir, la recesión económica, que ha traido consigo la desesperanza y la desesperación que han llevado al suicidio y han disparado el malestar social
La situación es dramática, la miseria y la mendicidad empiezan a alarmar en algunos países. Los usuarios de los créditos están desprotegidos. Algunos jueces obligados a cumplir las draconianas leyes piensan que es hora de repensar las medidas y han empezado a hacer propuestas. Los ciudadanos afectados cuestionan el sistema y se preguntan por qué mientras ellos pierden sus viviendas, los bancos no sólo no quiebran sino que reciben subvenciones y ayudas del Estado, provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes y de los recortes que ellos soportan. Si hay recursos para los banqueros especuladores con más razón debería haber para las víctimas de la especulación. Claman un poco de justicia que no es mucho pedir.