MISCELÁNEA

Por Luis Augusto González Pimienta
Corría el mes de mayo de este año cuando el entonces ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, anunció la venta legal de gasolina y ACPM venezolanos en el Cesar, mediante cupos de importación acordados con el vecino país. Es propósito del gobierno nacional, dijo, desestimular el contrabando de combustible y frenar la conformación de organizaciones criminales generadoras de terrorismo.
La promesa oficial fue recibida de muy buen agrado por las autoridades locales y por el conglomerado social. Aquellas le apuntaron a desactivar el riesgo inminente de explosión,   en poblaciones enteras dedicadas a la venta ilegal de combustible sin las menores condiciones de seguridad, y a recuperar los ingresos provenientes de la sobretasa a la gasolina, que el contrabando había mermado significativamente. La comunidad, por su lado, prevalida de su condición fronteriza, aspiraba a proveerse de combustible de bajo costo.
La apuesta resultaba interesante para todos, excepto para los contrabandistas. Incluso, los expendedores legales de combustible veían en la fórmula la salvación de su negocio, cuyas ventas estaban por el suelo ante la fuerza irresistible del contrabando.
Del lado venezolano no parecía haber ningún problema. Las buenas relaciones, rescatadas por el actual presidente colombiano,  hacían prever la aceptación del convenio comercial sin  resquemores.
Cuando llegó el mes de junio, el ministro Cárdenas Santamaría anunció la asignación de un cupo de ocho mil galones mensuales de gasolina venezolana para el Cesar. Esa revelación daba a entender que se había llevado a buen término la negociación con sus pares venezolanos, lo que nos permitiría emular el convenio comercial que en la actualidad tiene Cúcuta.
Comenzando agosto empezó a nublarse el panorama. El ministro Cárdenas dejó de ser asertivo y se mostró dubitativo. Dijo que la solución no era fácil, y que habría que esperar a que transcurrieran las elecciones de octubre en Venezuela, porque la decisión dependía de ese gobierno. Leyendo entre líneas,  parecía decir que las condiciones eran unas con el presidente Chávez y serían otras si ganaba Capriles. Lo que se tenía bien guardado el ministro era que él no resolvería nada porque a los pocos días cambiaría de cartera, como en efecto ocurrió, pasando a la de Hacienda, desde donde impulsa una reforma tributaria que afecta a la clase media y protege a la clase alta, su clase. ¡Qué belleza de ministro! El mismo que salió indemne del caso Dragacol.
A Cárdenas lo sucedió Federico Renjifo, un buen relacionista público aunque gris funcionario, que no ha sacado el tema del congelador a pesar de la reelección de Chávez.
El gobernador Monsalvo Gnecco está empeñado en concretar lo que hasta ahora no han sido sino promesas. Su inclusión en la mesa de diálogos binacionales que empiezan mañana, así lo indica. Esperemos a ver qué resulta.
¿Y a todas estas, dónde está el presidente Santos? Ese que en los festivales vallenatos nos empalaga con manifestaciones de vallenatía. ¿Será que otra vez se escudará en la delegación a sus ministros para guardar silencio en las grandes decisiones, hasta cuando la reacción ciudadana lo apremie a asumir posiciones?
Muy de malas el Cesar si los que se dicen sus amigos lo tratan mal y solo le dejan  palabras de aliento y palmaditas en la espalda.