Por: Amylkar D. Acosta M1

Al abordar el análisis del presupuesto aprobado para la vigencia 2003 por parte del Congreso de la República, aforado en $185.5 billones, hay que tener en cuenta las rigideces estructurales de la presupuestación del gasto público, pues más del 85% del monto del presupuesto está predeterminado por un manojo de normas que compartimentan el gasto. La gran paradoja es que el Constituyente de 1991 estableció la expresa prohibición de rentas con destinación específica (CN, artículo 359), excepción hecha del gasto social.
Según un estudio del FMI, Colombia es el país de la región con el mayor porcentaje de gastos predeterminados. Sólo la sumatoria de los recursos asignados al servicio de la deuda, así como aquellos apropiados para fondear el Sistema General de Participaciones (SGP) y lo correspondiente al pago de las mesadas pensionales a cargo de la Nación ($99 billones), que son intocables, absorben casi en su totalidad lo que se recauda por impuestos y representa el 53.8% del presupuesto.

Con alguna razón el Gobierno llama la atención sobre el hecho que este “es un presupuesto donde aumenta más la inversión que los gastos de funcionamiento”, puesto que mientras la primera se incrementa el 16% los segundos sólo crecen el 8% con respecto al presupuesto de la vigencia de 2012. Hace énfasis el Presidente Santos en que la “inversión de 43 billones de pesos el año entrante es la más grande que jamás haya conocido el país”. Pero esta última cifra la tenemos que recibir con beneficio de inventario y es preciso hurgarla para poderla dimensionar en su justa proporción. Al desglosar este rubro, como dice el ex director del DNP Andrés Escobar, “en un aparte no tan publicitado del presupuesto presentado al Congreso está la cifra depurada de inversión, la cual asciende el próximo año a 2.9% del PIB o cerca de $20.5 billones, número que dista bastante de los casi 41 billones que se han anunciado”.
Dicho de otra manera, al sumar peras con manzanas se está magnificando el monto destinado a la “inversión”, cuando la cifra depurada del mismo apenas sí es equivalente al monto destinado a la inversión en el presupuesto de 2012, es decir con un crecimiento de cero pollito! Este, entonces, no será el presupuesto “de las inversiones tan importantes que se van a hacer en infraestructura y transporte”, como lo anunció el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y tampoco será “un presupuesto por la superación del atraso en materia de infraestructura”
Ello, además de insólito resulta inexplicable en un país carente de infraestructura, sobre todo de cara a los retos que le imponen al país en cúmulo de tratados de libre comercio que viene negociando el país. Cifras conocidas recientemente sobre el deplorable estado de la competitividad del país dan cuenta de que Colombia es el cangrejo de la competitividad. Según el más reciente Informe del Foro Económico Mundial (FEM), pasamos del puesto 68 al 69 en el ranking de competitividad y en infraestructura de transporte particularmente se sitúa en el 114, entre 144 países.
Y de contera, la administración Santos, cuyo paradigma es El buen gobierno, si por algo se ha caracterizado es por la pésima capacidad de ejecución de los recursos de inversión. El problema en los últimos años no ha sido de falta de recursos sino de incapacidad para gestionarlos, amén del freno de mano que ha significado la contracción del gasto en el vano intento de contener la revaluación del peso frente al dólar.
Como lo denuncia el columnista Mauricio Vargas, “el índice de ejecución física (la ejecución real de los proyectos de inversión) que mide el propio Gobierno presenta algunos ejemplos de llorar: el Fondo de Adaptación, encargado de las obras postemporada invernal para mitigar el cambio climático, llevaba a 30 de septiembre, con un 75% del año transcurrido, una ejecución física de sus proyectos de 0%, mientras más de un billón de pesos que le asignó el presupuesto sigue guardado en los bancos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también va en el 0%; el Inpec, en el 1% -por eso las cárceles andan tan mal-; Colciencias -¿se acuerdan de la locomotora tecnológica?-, en el 4,8%; el Ministerio de Minas, en el 8,9%; el Incoder, entidad clave de la estrategia del Gobierno, en el 9,7%; y el conjunto del sector agropecuario, apenas en el 20%”. Más claro no canta un gallo!

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