Durante su más reciente visita al departamento del Cesar, Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, dio a conocer la ‘entregatón’, actividad que dará accesos para terrenos a comunidades campesinas que no tienen y legalizará los predios informales previo al próximo aniversario de la creación de la entidad.

Hasta la fecha, informó Samper Strouss, se han titulado propiedades de 40.400 familias “dimensión de la gestión eficiente que se hace”. Con esa cantidad se dobló la cifra entregada entre 1961 y 2015 por el ya liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que logró tan sólo entregar alrededor de 600 mil títulos; es decir, 11 mil por año. A punto de cumplir dos años, la ANT entregó 40.400 “lo hicimos con compromiso de trabajar con las comunidades, con transparencia. Iniciamos unas campañas con las Juntas de Acción Comunal para que nos ayuden a denunciar a aquellos ‘avivatos’ que se hagan pasar por empleados de nosotros”.

Sumándole una gestión muy cercana, las decisiones serán tomadas en el territorio. Existen 1.470.000 hectáreas legalizadas en cabeza de los campesinos, un equivalente a ocho veces el tamaño de Bogotá o 39 veces la ciudad de Medellín. El director de la ANT subrayó que los compromisos pactados en los acuerdos de paz, donde se plasmó la meta sobre “legalización de 7 millones de hectáreas en 10 años” con dedicación podrán cumplirla en 5 años.

Lo nuevo

Por primera vez en la historia la Agencia Nacional de Tierras reglamentará el uso común de una sabana. Esto, por ser baldíos que no pueden ser adjudicables. Manifestó el funcionario que, de asignárseles algún terreno sobre esta, a alguna persona, se estaría causando un perjuicio por considerarse zonas inundables.

La ley agraria apoya esta iniciativa, “primero para que los grandes que tienen poderío económico no vayan a abusar de los que no lo tienen. Ese caso se presenta en muchas sabanas comunales como, donde los que tienen recursos, poder y músculo financiero cercan para que las personas vulnerables no la puedan usar”, sostuvo el director de ANT.

La sabana Costilla, ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Pelaya, Cesar, reglamentará 516,87 hectáreas beneficiando a 41 personas de manera directa; permitiéndoles acceso a los baldíos y 250 habitantes que vivían en el casco urbano del corregimiento. Esta delimitación ayudará a preservar y conservar las Ciénagas de Shaya y Cambu del departamento del Cesar.

“Hay que tener en cuenta que ambientalmente estos planos inundables son zonas de amortiguación de niveles de agua durante los procesos de inundación, ayudando a; mitigar el cambio climático, a conformar el balance hídrico del ecosistema y su ciclo hidrobiológico, evitando inundaciones en el corregimiento, los cultivos y/o las áreas de pastoreo”, acotó.

Para eso, lo primero que hace la entidad es delimitar cuál es la extensión y terreno realmente inundable para así comenzar a administrar, evitando encerramientos e invasiones. Para alertar a la comunidad se dispondrán vallas con mensajes: “Este es terreno público; no se vende, no se permuta, esto es para uso de todos”. Agregó además que “la tierra que es de todos los colombianos se debe hacer respetar y la vamos hacer respetar”.

Un ejemplo que pone sobre el tapete Miguel Samper es la Isla del Rosario o el archipiélago de San Bernardo, donde se emitió la orden para recuperar el islote ‘Las Gaviotas’, en el cual se adelantaba una construcción que estaría afectando la corteza coralina. Este terreno estaba al poder del exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt.

Diferencia

“Lo primero que nos tocó hacer a nosotros fue ordenar la casa. La falta de información y de articulación, ese desorden era el mejor aliado de la barbarie” expresó Samper, refiriéndose a los problemas que presentaba anteriormente Incoder, caso que tiene denuncias con condenas judiciales. Añadiendo que se manejaban negocios ‘turbios’ y “transacciones por debajo de la mesa”.

Esquemas

A la Agencia Nacional de Tierras se sumó el apoyo de la inspectora de tierras, una figura única en el ejecutivo encargada de vigilar, prevenir y poner en alertas irregularidades dentro de la oficina. Estará trabajando de la mano con el director general reconociendo las debilidades junto a los colaboradores de las Juntas de Acción Comunal.

Hasta el momento existen 15 denuncias penales hacía personas que se hacían pasar por funcionarios que estafaban a los ciudadanos, por eso afirma Miguel que estos procesos son gratuitos.

“Nuestro mejor legado es que el tema de las tierra volvió a estar en los primeros renglones en la agenda de discusión nacional” concluyó.

Eduardo Moscote / EL PILÓN
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