La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos por los daños ocasionados a varias familias durante la incursión armada que las Farc hicieron en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, el 20 de febrero de 2002.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos por los daños ocasionados a varias familias durante la incursión armada que las Farc hicieron en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, el 20 de febrero de 2002.
Esta incursión guerrillera dejó como resultado una persona muerta, la destrucción de su vivienda y heridas 15 personas, entre ellas un menor de edad.
El alto tribunal explicó que el Estado debe proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”. En caso de no ser esto posible, debe reparar sus derechos e intereses afectados.
“Las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación armada”, expresó la Sala en la sentencia.
Durante la diligencia la Policía Nacional argumentó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que se realizó de una manera indiscriminada”, pero el tribunal no aceptó dicho argumento, debido que a su juicio la institución conocía el riesgo que enfrentaba la población porque ya existían registros de hostigamiento en 1996.
De esta manera el Consejo de Estado revocó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar. “Las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, dice el fallo.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos por los daños ocasionados a varias familias durante la incursión armada que las Farc hicieron en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, el 20 de febrero de 2002.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos por los daños ocasionados a varias familias durante la incursión armada que las Farc hicieron en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, el 20 de febrero de 2002.
Esta incursión guerrillera dejó como resultado una persona muerta, la destrucción de su vivienda y heridas 15 personas, entre ellas un menor de edad.
El alto tribunal explicó que el Estado debe proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”. En caso de no ser esto posible, debe reparar sus derechos e intereses afectados.
“Las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación armada”, expresó la Sala en la sentencia.
Durante la diligencia la Policía Nacional argumentó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que se realizó de una manera indiscriminada”, pero el tribunal no aceptó dicho argumento, debido que a su juicio la institución conocía el riesgo que enfrentaba la población porque ya existían registros de hostigamiento en 1996.
De esta manera el Consejo de Estado revocó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar. “Las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, dice el fallo.